El Gobierno posterga reformas clave y reordena su estrategia legislativa
El gobierno de Javier Milei mantiene en revisión un paquete de reformas centrales que incluye cambios en el Código Penal y modificaciones vinculadas a la propiedad privada. Las iniciativas, consideradas parte de la agenda estructural del oficialismo, todavía no tienen fecha definida de envío al Congreso.
Según fuentes oficiales, los proyectos continúan en análisis dentro del Ejecutivo. Las reformas penales están siendo evaluadas en el Ministerio de Justicia, mientras que las vinculadas a propiedad privada permanecen bajo estudio de los equipos legales. En la Casa Rosada admiten que los textos aún no están terminados y que falta alcanzar una versión definitiva.
En paralelo, el oficialismo trabaja en la reorganización de su estrategia parlamentaria. Para ello, se prevé una nueva reunión de la mesa política, donde se buscará ordenar prioridades y definir el camino legislativo de las iniciativas. Sin embargo, el encuentro todavía no tiene fecha confirmada.
Uno de los puntos en discusión es el recorrido que tendrán los proyectos dentro del Congreso. Aunque inicialmente se había planteado que la reforma del Código Penal ingresara por el Senado, en sectores del oficialismo comenzaron a surgir diferencias sobre esa decisión, lo que suma tensión interna.
En cuanto a la propiedad privada, el paquete en estudio apunta a reducir la intervención estatal y fortalecer garantías para inversores. Entre las modificaciones se analizan cambios en la ley de expropiaciones para acotar el concepto de utilidad pública, así como una revisión de la normativa sobre tierras rurales que podría flexibilizar la compra por parte de extranjeros.
También se contemplan ajustes en el régimen de manejo del fuego, con la posibilidad de habilitar cambios en el uso del suelo tras incendios, y una revisión del esquema de integración socio-urbana de barrios populares, con foco en limitar herramientas expropiatorias.
Mientras tanto, el Gobierno decidió avanzar primero con otros proyectos. Entre ellos, se destaca la reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado y actualmente se debate en la Cámara de Diputados. Se trata de una de las iniciativas más sensibles por su impacto económico y ambiental.
En ese marco, la Cámara baja convocó a audiencias públicas con participación de distintos sectores. En el oficialismo consideran que es necesario resolver este tema antes de abrir múltiples frentes legislativos en simultáneo, por lo que optaron por un esquema de avance gradual.
A la par, otras iniciativas relevantes, como las reformas a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, también continúan sin definiciones claras respecto a su tratamiento.
Con este escenario, el Ejecutivo busca reordenar su agenda legislativa mientras avanza en la redacción de proyectos clave. La falta de definiciones refleja tanto la complejidad técnica de las reformas como las tensiones políticas internas sobre cómo impulsarlas en el Congreso.