El oficialismo impulsa la nueva Ley de Glaciares y apunta a aprobarla en abril
El oficialismo avanza en la Cámara de Diputados con el tratamiento del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, con el objetivo de lograr su aprobación durante abril. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y forma parte de las prioridades legislativas del gobierno de Javier Milei.
El cronograma se puso en marcha tras el aval judicial a las audiencias públicas convocadas para el 25 y 26 de marzo. La decisión fue tomada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, que rechazó un pedido de suspensión presentado por organizaciones ambientalistas, permitiendo así continuar con el proceso.
Las audiencias se desarrollaron con una alta participación, con más de 100 mil inscriptos. Para canalizar ese volumen, se habilitó un sistema virtual que permitió a los participantes enviar exposiciones en video de hasta cinco minutos a través de la plataforma oficial de la Cámara de Diputados.
Una vez finalizada esta etapa, el oficialismo prevé convocar a un plenario de comisiones entre el 7 y el 8 de abril para emitir dictamen y habilitar el debate en el recinto. La intención es llevar el proyecto a votación el 15 de abril.
En paralelo, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, junto al jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, encabezan las negociaciones para reunir el quórum necesario. La estrategia apunta a sumar apoyos del PRO, la UCR y legisladores de provincias cordilleranas.
El proyecto también cuenta con el respaldo de gobernadores de distritos clave como Catamarca, San Juan, Salta y Mendoza, que ven en la iniciativa una oportunidad para impulsar el desarrollo productivo en sus territorios.
La reforma propone modificar la normativa vigente desde 2010 para otorgar mayor flexibilidad en el uso de zonas periglaciales. Entre los cambios, se busca dar a las provincias un rol más activo en la definición de áreas protegidas y en la eventual habilitación de actividades como la minería o la exploración energética.
Si el proyecto se aprueba sin modificaciones, quedará sancionado de manera definitiva. En caso contrario, deberá regresar al Senado para su revisión.
De esta manera, el oficialismo intenta avanzar con una de sus principales apuestas en materia ambiental y productiva, en un contexto de negociaciones políticas y tensiones entre desarrollo económico y preservación de recursos naturales.