Rechazan nueva recusación de Toviggino y ratifican al juez en la causa por aportes retenidos en la AFA
La Cámara Penal Económico rechazó la tercera recusación presentada por Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y confirmó la continuidad del juez Diego Amarante al frente de la causa que investiga la presunta retención indebida de aportes a la seguridad social por más de 19.300 millones de pesos.
Los camaristas concluyeron que no existen elementos objetivos que permitan sostener los planteos de la defensa, que había denunciado una supuesta “enemistad manifiesta” y falta de imparcialidad por parte del magistrado.
La investigación judicial apunta a determinar si autoridades de la AFA implementaron un mecanismo consistente en el depósito tardío de aportes previsionales y de seguridad social, afectando recursos que debían ingresar al Estado.
En esta nueva presentación, la defensa de Toviggino argumentó que el juez habría actuado con arbitrariedad al tramitar dentro del mismo expediente una ampliación de denuncia presentada por ARCA, en lugar de remitirla a sorteo. También insistió con denuncias de supuesto “forum shopping” y parcialidad.
Sin embargo, la Cámara desestimó esos argumentos y sostuvo que las circunstancias invocadas no acreditan la existencia de animosidad, aversión o enemistad del juez hacia el imputado, ni permiten poner en duda su imparcialidad.
Se trata de la tercera recusación rechazada en el expediente. Las dos anteriores también habían sido desestimadas por la Justicia.
Además de Toviggino, en la causa se encuentran procesados el presidente de la AFA, Claudio Tapia, junto a Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo.
Tanto Tapia como Toviggino tienen vigente una prohibición de salida del país, aunque el titular de la AFA obtuvo autorizaciones judiciales para realizar viajes vinculados a su actividad institucional y actualmente se encuentra en Estados Unidos por el Mundial de Clubes.
Entre las medidas cautelares impuestas por la Justicia, los imputados deben informar cualquier ausencia de sus domicilios superior a 72 horas, comunicar cambios de residencia, comparecer cuando sean citados por el tribunal y mantener contacto permanente con sus abogados para garantizar el cumplimiento de las disposiciones judiciales.