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Denuncian al juez Ernesto Löffler por presunta falta de imparcialidad e injerencia política

El abogado Antonio César Petkos presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Ernesto Adrián Löffler, a quien acusa de haber actuado con “parcialidad manifiesta”, mantener vínculos familiares incompatibles con su función y exhibir un “comportamiento sostenido contrario a la independencia judicial”.

En un escrito de 25 páginas, Petkos solicita el juicio político del magistrado, a quien señala por haber utilizado su posición institucional para incidir en decisiones vinculadas con el proceso de reforma constitucional impulsado por el gobierno provincial.

Acusaciones centrales

Según la presentación, Löffler habría intervenido en resoluciones judiciales de trascendencia institucional y política pese a mantener intereses personales y familiares que lo inhabilitaban para hacerlo. El abogado fundamenta su denuncia en tres ejes principales: pérdida de imparcialidad, retardo deliberado de fallos y vínculos directos con actores políticos involucrados en el debate constituyente.

El denunciante sostiene que el juez debió haberse excusado en causas donde su hermano, Damián Löffler, actuaba como legislador y opositor a la reforma, ya que esa relación familiar “no deja margen de duda sobre su imparcialidad”. Además, acusa al magistrado de haber retenido indebidamente expedientes clave, como los casos Lechman, Rossi y Melella, lo que habría generado un “retardo malicioso” para frenar el avance del debate político.

Argumentos y fundamentos

El texto cita principios internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial, que exigen a los magistrados apartarse de cualquier causa que pueda afectar la confianza pública en su independencia.

Petkos también menciona declaraciones públicas del juez, como una entrevista de noviembre de 2023 donde Löffler afirmó: “Defendemos la Constitución. Las constituciones tienen que ser defendidas, aunque no te gusten; pero de todas maneras hay que cumplirlas”. Para el denunciante, esa expresión constituye una opinión política anticipada sobre un tema bajo análisis judicial.

Causales de mal desempeño señaladas

La denuncia enumera una serie de conductas que, según el abogado, configuran violaciones graves a los deberes del cargo:

  • Retardo malicioso y retención indebida de expedientes.
  • Omisión de excusación ante vínculos familiares y políticos.
  • Hostilidad institucional hacia el Poder Ejecutivo.
  • Exteriorización pública de opiniones sobre causas en trámite.
  • Pérdida de imparcialidad reconocida por el propio tribunal.

Proyección institucional

El escrito concluye que esos comportamientos constituyen “una violación reiterada de los deberes esenciales del cargo y una causal suficiente de enjuiciamiento”.

La denuncia ingresará en la próxima sesión del Consejo de la Magistratura, que deberá resolver si abre el proceso de investigación. En caso de avanzar, podría derivar en un precedente histórico para Tierra del Fuego, al plantear un debate profundo sobre la ética judicial, la independencia del Poder Judicial y los límites entre justicia y política.

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