El Gobierno privatizó la Hidrovía y adjudicó su operación por 25 años
El Gobierno nacional adjudicó la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus, que tendrá a su cargo la operación de la principal vía de transporte fluvial del país durante los próximos 25 años.

La decisión fue oficializada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que dio por concluido el proceso licitatorio iniciado a fines de 2025 para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.
La concesión incluye las tareas de dragado, redragado, señalización y mantenimiento de la ruta fluvial por la que circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas y que conecta gran parte de la producción nacional con los mercados internacionales.
De acuerdo con la propuesta presentada por el consorcio adjudicatario, el proyecto prevé una facturación promedio anual de 628,2 millones de dólares y una recaudación estimada de 15.707 millones de dólares a lo largo de toda la concesión.
Las proyecciones incluidas en la oferta también anticipan un crecimiento sostenido del tránsito fluvial durante los próximos 25 años. Según los cálculos realizados, el movimiento internacional de embarcaciones aumentaría un 38,1%, el transporte de cabotaje crecería un 28,2% y la circulación de buques al norte de Santa Fe registraría una suba del 52,4%.
Desde el Gobierno señalaron que la firma definitiva del contrato se concretará dentro de los próximos 30 días y permitirá avanzar con una nueva etapa de inversiones sobre la vía navegable.
Entre las obras previstas figuran la profundización de canales, mejoras operativas y la incorporación de tecnología orientada a fortalecer la seguridad de la navegación y los sistemas de control vinculados a la lucha contra el narcotráfico.
El Ministerio de Economía estimó además que la nueva concesión permitirá reducir en un 13,5% los costos logísticos, favoreciendo que los buques puedan completar cargas en los puertos de origen y mejorando la competitividad de las exportaciones argentinas.
Según la evaluación oficial, las principales inversiones se concentrarán durante los primeros siete años del contrato, mientras que la recuperación económica del proyecto se proyecta para una segunda etapa de la concesión.
El Gobierno destacó además que el proceso licitatorio concluyó sin impugnaciones por parte de las empresas participantes y contó con el respaldo de cámaras exportadoras, entidades empresarias, operadores portuarios y gobiernos provinciales vinculados a la actividad.
Como parte de las exigencias establecidas en el pliego, el consorcio deberá constituir una Sociedad de Propósito Específico y presentar garantías por 40 millones de dólares para asegurar el cumplimiento contractual, además de una garantía especial adicional de 35 millones de dólares antes de la firma definitiva.
La concesión funcionará bajo un esquema de obra pública por peaje y a riesgo empresario, sin financiamiento estatal. El contrato tendrá una vigencia inicial de 25 años y contempla la posibilidad de una prórroga de hasta cinco años más.
Desde el Ejecutivo nacional definieron la adjudicación como el cierre del proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal y aseguraron que se inicia una nueva etapa basada en la inversión privada, mientras el Estado mantendrá las funciones de regulación y control sobre esta infraestructura estratégica para el comercio exterior argentino.
