Médicos en alerta tras la detención de una profesional del 107
Un episodio ocurrido este miércoles encendió las alarmas en el sistema de salud de Tierra del Fuego y desató un fuerte malestar en el plantel médico. La doctora Amalia Valdivia, profesional del Servicio de Emergencias 107, fue demorada por la Policía luego de intervenir en el fallecimiento de un hombre en una vivienda de la calle Alberdi, hecho que derivó en un conflicto institucional de alto impacto.
La médica había acudido al domicilio en el marco de una consulta de emergencia y, al arribar, constató que la persona ya se encontraba sin vida. Tras cumplir con los pasos previstos, terminó siendo trasladada para su notificación judicial, situación que generó rechazo y preocupación en el ámbito sanitario.
En diálogo con FM Provincia, la secretaria de Asuntos Laborales y Medio Ambiente del SIPROSA, doctora Sandra Castro, calificó lo sucedido como “un atropello” y sostuvo que el procedimiento demuestra un profundo desconocimiento sobre cómo se trabaja en el ámbito prehospitalario.
“¿Desde cuándo los médicos somos tratados literalmente como delincuentes por ejercer y respetar nuestro ejercicio profesional? No lo comprendo”, cuestionó.
Castro explicó que, cuando un equipo del 107 llega a un domicilio y se encuentra con una persona ya fallecida, el protocolo indica constatar el óbito, dejar asentado el hecho en la historia correspondiente y dar intervención a Policía Científica. Solo cuando se emite el certificado de no criminalidad —documento que compete a la Justicia— puede completarse la parte estadística del certificado de defunción.
Según relató, la propia doctora Valdivia le informó que ese certificado no le fue entregado, lo que impedía avanzar con el trámite. “La doctora hizo lo que debía hacer. Si no se entrega el certificado de no criminalidad, no se puede continuar. Es un requisito técnico, no una decisión caprichosa”, subrayó la dirigente gremial.
El punto más sensible del operativo, para SIPROSA, fue la forma en que se actuó con la profesional. Castro denunció que la médica fue sacada del lugar esposada y filmada con un celular, “como si fuera una delincuente”, algo que consideró “inadmisible” para alguien que se encontraba cumpliendo su tarea.
La representante del sindicato insistió en la enorme responsabilidad que implica para un profesional certificar una muerte. Señaló que, si existen dudas sobre la causa o el horario del fallecimiento, corresponde sugerir la realización de una autopsia y activar la vía judicial, precisamente para no vulnerar la legalidad del proceso ni la verdad de lo ocurrido. En este caso, mencionó que el cuerpo presentaba signos de evolución, lo que hacía aún más necesaria la intervención forense adecuada.
Castro también apuntó contra la falta de contención institucional y el clima que hoy rodea a la actividad médica. Recordó que durante la pandemia el personal de salud recibía aplausos y muestras de apoyo, mientras que ahora —según planteó— se los expone y se los trata como sospechosos. “Las autoridades están ciegas, sordas y mudas. Salimos a trabajar como podemos y nadie nos cuida. Lo único que nos cuida somos nosotros mismos, espalda con espalda”, afirmó.
Desde SIPROSA confirmaron que ya se encuentran trabajando con abogados locales y nacionales para acompañar a la doctora Valdivia y avanzar en las presentaciones judiciales que consideren necesarias. “No se puede exponer de esta manera a personal altamente calificado. No corresponde desde ningún punto de vista”, enfatizó Castro.
En paralelo, la Justicia notificó a la médica en una causa donde se investigan presuntos delitos de “desobediencia a una medida judicial” y “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Un perito forense del Poder Judicial fue quien finalmente completó el certificado médico que permitió la entrega del cuerpo a la familia.
El caso dejó al descubierto una seria preocupación en el sistema sanitario fueguino: los médicos reclaman que se respeten los protocolos vigentes, que se eviten procedimientos que los estigmaticen y que se fortalezca la articulación entre salud, fuerzas de seguridad y Poder Judicial, para que una intervención profesional no vuelva a terminar con un médico tratado como un acusado.