Más de 24 mil pymes cerraron desde fines de 2023 y crecen los concursos preventivos en todo el país
La crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas argentinas comenzó a reflejarse con fuerza en los tribunales comerciales. Entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2026, cerraron 24.437 pymes en todo el país, una situación que dejó sin cobertura de riesgos del trabajo a 327.813 empleados y provocó un fuerte incremento en los pedidos de concursos preventivos y quiebras.
Según un informe elaborado por el Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA), el deterioro de la actividad económica, la caída del consumo y las dificultades para sostener la cadena de pagos profundizaron la situación financiera de miles de empresas.
El estudio, presentado por el abogado del Departamento Legal de IPA, Germán Alberto Pizzano, advierte que la problemática ya trascendió el ámbito productivo y comenzó a impactar directamente en el sistema judicial.
“La crisis pyme ya llegó a la Justicia. Lo que antes se veía en las fábricas, en los comercios o en la cadena de pagos, hoy también aparece en los tribunales comerciales”, sostuvo el especialista.
Los datos reflejan una aceleración en los procesos concursales. Mientras que durante 2023 se registraron 82 concursos preventivos, en 2025 la cifra ascendió a 190, lo que representa un incremento del 131,7%.
La tendencia continuó durante el inicio de 2026. Solo en el primer trimestre judicial del año se abrieron 92 nuevos procesos concursales, un indicador que, según IPA, refleja el creciente estado de cesación de pagos que atraviesan numerosas firmas.
Pizzano explicó que el aumento de los concursos preventivos evidencia que muchas empresas están ingresando en una situación de “impotencia patrimonial”, donde ya no cuentan con recursos suficientes para afrontar sus obligaciones financieras.
Desde la entidad remarcaron además que las consecuencias de los cierres empresariales van mucho más allá del aspecto económico.
“La pérdida de una empresa no termina en un expediente. Cada cierre arrastra empleo directo e indirecto y rompe cadenas de valor”, afirmó el abogado.
Frente a este escenario, IPA reclamó la sanción de una ley de emergencia económica y productiva que permita brindar alivio transitorio a las empresas afectadas.
Entre las medidas propuestas se encuentran la suspensión de ejecuciones judiciales, la ampliación de plazos concursales y la implementación de herramientas preventivas que faciliten la continuidad de las actividades antes de llegar a una quiebra definitiva.
Según el informe, el objetivo no es modificar de manera permanente el sistema legal vigente, sino generar condiciones excepcionales que permitan a las empresas recuperar capital de trabajo y atravesar la crisis.
“Se trata de una respuesta urgente y transitoria para que las empresas tengan tiempo de recuperarse y evitar que la crisis termine en quiebra”, señaló Pizzano.
El Observatorio también advirtió que cualquier medida de asistencia deberá estar acompañada por una recuperación del mercado interno y del crédito productivo para lograr resultados sostenibles.
Finalmente, la entidad sostuvo que el Congreso Nacional debe intervenir para preservar el empleo y evitar una mayor destrucción del entramado productivo argentino.
“De la respuesta legislativa depende la supervivencia de miles de compañías argentinas”, concluyó el informe.