La mitad de los presos en Tierra del Fuego está detenida por delitos sexuales
El director del Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego, Ariel Ciares, confirmó que el 50% de la población carcelaria de la provincia está procesada o condenada por delitos sexuales, lo que refleja una política criminal que prioriza la investigación y el juzgamiento de este tipo de causas.
“Eso tiene que ver con una política criminal específica. No significa que no haya otros delitos, sino que hay un enfoque claro sobre este tipo de conductas”, sostuvo el funcionario.
Según explicó, se trata mayormente de personas adultas, muchas de las cuales son alojadas en sectores diferenciados por razones de seguridad e integridad física. No obstante, negó la existencia de “presos VIP”. “Todos comienzan desde cero. Evaluamos edad, salud, conducta, pero no hay privilegios. Se trata de respeto a la dignidad humana, no de trato especial”, aclaró.
Ciares remarcó que el sistema penitenciario fueguino cumple con la legislación nacional y los pactos internacionales sobre derechos humanos. “Nuestra tarea es garantizar condiciones dignas. Privar de libertad no es solo encerrar, es también acompañar para evitar la reincidencia”, afirmó.
En cuanto a la infraestructura, informó que la población penal creció un 23% en los últimos tiempos. Para hacer frente a esa demanda, se habilitaron nuevos espacios en el Anexo 4 de Ushuaia y en la Gamela de Deportes, con capacidad para entre 25 y 30 personas más. También egresaron 34 nuevos agentes penitenciarios.
Respecto al régimen de progresividad, explicó que todo interno pasa primero por una etapa de evaluación de 15 días, donde se analiza su situación educativa, laboral, emocional y penal. Con esa información, se lo integra a programas de educación, trabajo o tratamiento. “No tiene sentido enseñar pintura a alguien condenado por falsificar billetes. Evaluamos el factor criminógeno”, graficó.
Actualmente, unos 80 internos acceden a trabajo penitenciario con un peculio de hasta 30 mil pesos mensuales, monto que se destina en parte a deudas judiciales, manutención familiar y ahorro para la reinserción. El pago corresponde a un tercio del salario mínimo, como exige la ley.
Finalmente, Ciares descartó que la reincidencia sea un problema generalizado. “Representa apenas un 1 o 2%. Hay casos institucionalizados, pero no son la mayoría”, concluyó.