La Justicia habilitó que la Corte Suprema intervenga en la disputa por el financiamiento universitario
La Cámara Contencioso Administrativo Federal dio este jueves un nuevo respaldo judicial al Gobierno nacional en el conflicto por el financiamiento universitario y habilitó que la discusión llegue directamente a la Corte Suprema de Justicia.
La decisión fue tomada por la Sala III del tribunal, que concedió el recurso extraordinario presentado por el Estado nacional contra la cautelar que lo obliga a aplicar artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados a la actualización salarial de docentes y no docentes, además del sistema de becas estudiantiles.
Aunque la resolución no deja sin efecto la cautelar actualmente vigente, sí abre el camino para que el máximo tribunal del país intervenga en uno de los principales conflictos políticos y presupuestarios entre el Gobierno de Javier Milei y el sistema universitario público.
El fallo fue firmado por los jueces Sergio Gustavo Fernández y José Luis López Castiñeira, quienes consideraron que el planteo del Ejecutivo involucra la interpretación de normas federales y, por lo tanto, corresponde habilitar la instancia extraordinaria ante la Corte.
El conflicto gira en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación el Gobierno cuestiona desde que fue sancionada por el Congreso. La Casa Rosada sostiene que la norma no establece de manera precisa cuáles serán las partidas presupuestarias destinadas a cubrir los incrementos salariales y las actualizaciones de becas, ni especifica las fuentes concretas de financiamiento.
Ese argumento ya había sido rechazado por la propia Cámara a fines de marzo, cuando confirmó una cautelar de primera instancia que obligaba al Estado a cumplir de inmediato con los artículos vinculados al financiamiento educativo.
En aquella oportunidad, los jueces entendieron que el Gobierno no podía dejar de aplicar una ley aprobada por el Congreso apoyándose en normas presupuestarias anteriores de igual jerarquía.
Sin embargo, el Ejecutivo insistió con su estrategia judicial y presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revise el caso. Desde el oficialismo sostienen que la implementación plena de la ley podría afectar el objetivo de equilibrio fiscal planteado por el Gobierno nacional.
En el nuevo fallo, la Cámara también rechazó el argumento oficial sobre una supuesta “gravedad institucional” del caso. Los magistrados señalaron que el planteo del Estado apunta principalmente a una cuestión patrimonial y no a la defensa de un derecho federal concreto.
Con esta resolución, el expediente queda ahora en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si acepta intervenir y qué alcance tendrá su futura resolución.
Mientras tanto, la cautelar que obliga al Gobierno a cumplir parcialmente con la ley continúa vigente y el conflicto sigue abierto tanto en el plano judicial como político.