El Gobierno provincial firmó un acuerdo para garantizar los derechos de los trabajadores portuarios
El acta, rubricada junto a gremios del sector, asegura el pago de haberes, la estabilidad laboral y exime de responsabilidades patrimoniales al personal durante la intervención del Puerto de Ushuaia.
El Gobierno de Tierra del Fuego, junto a la Dirección Provincial de Puertos (DPP) y los gremios del sector portuario, firmó un Acta Acuerdo destinada a garantizar la protección laboral y económica de todos los trabajadores del sistema portuario provincial, en el marco del conflicto institucional generado por la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Estado nacional.
El documento fue suscripto por la vicegobernadora Mónica Urquiza; el presidente de la DPP, Roberto Murcia; y representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación del Personal Directivo Ferroportuario Argentino y el Sindicato Único de Administración Portuaria. Del acto también participaron ministras del gabinete provincial y dirigentes de diversas organizaciones sindicales.
El acuerdo surge como respuesta a la Resolución Nº 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), que dispuso la intervención del Puerto de Ushuaia, la suspensión de su habilitación por el término de 12 meses y, desde el pasado 21 de enero, impidió el ingreso de la mayoría de los trabajadores provinciales mediante un operativo de seguridad.
Ante este escenario, y con una acción de inconstitucionalidad ya presentada ante la Justicia Federal, las partes consensuaron una serie de medidas destinadas a resguardar a los trabajadores de las consecuencias del conflicto, considerado ajeno a su voluntad.
Entre los principales puntos del acta se establece la garantía de estabilidad laboral y salarial para la totalidad del personal, sin distinción de funciones o modalidades de contratación. Asimismo, la DPP se compromete al pago íntegro de los haberes y a la creación de un nuevo ítem salarial, que será definido en una mesa de trabajo conjunta con los gremios.
El acuerdo también aclara que la imposibilidad de prestar tareas, producto de la prohibición de ingreso al puerto, no será considerada abandono de servicio ni falta disciplinaria, manteniéndose al personal en situación de plena disponibilidad.
Además, se prevé la conformación de una mesa bilateral para definir esquemas transitorios de tareas no presenciales, como capacitaciones, planificación o apoyo en otras áreas de la administración pública provincial, sin modificar las condiciones laborales esenciales.
Por último, el acta exime a los trabajadores de toda responsabilidad patrimonial sobre los bienes, instalaciones y maquinaria del puerto durante el período de intervención nacional, comprometiéndose el Gobierno provincial a gestionar la desafectación de cualquier carga individual.
El acuerdo tiene efecto retroactivo al 21 de enero de 2026 y mantendrá su vigencia durante todo el período de intervención, hasta tanto se normalice la administración del Puerto de Ushuaia. Las partes se comprometieron además a sostener la paz social y a canalizar cualquier divergencia a través del Ministerio de Trabajo de la Provincia.