La Justicia avanza en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevas medidas de prueba mientras la Justicia analiza la evolución de su patrimonio y las explicaciones presentadas por el funcionario.
La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes buscan determinar si el crecimiento patrimonial declarado por Adorni puede ser debidamente justificado con documentación respaldatoria.
Según trascendió, una de las explicaciones aportadas por el funcionario fue una declaración elaborada por contadores y supervisada por su defensa legal. Sin embargo, la Justicia considera que ese informe resulta insuficiente y exige pruebas concretas que acrediten el origen de los fondos declarados.
Entre los puntos bajo análisis se encuentra una inversión en criptomonedas que, según sostuvo Adorni, realizó junto a su esposa entre 2014 y 2018. De acuerdo con su versión, ambos habrían invertido unos 200.000 dólares provenientes de ahorros personales y obtenido ganancias cercanas a los 300.000 dólares.
En este contexto, el fiscal trabaja en un requerimiento formal de justificación patrimonial, una instancia previa a una eventual citación a declaración indagatoria. El documento, que supera las 150 páginas, se encuentra en etapa avanzada de elaboración.
Como parte de la investigación, también se analiza la documentación presentada por el funcionario ante distintos organismos, incluidas declaraciones juradas rectificativas y una declaración patrimonial de carácter reservado que aún no habría sido entregada en su totalidad.
Además, la fiscalía solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información sobre las declaraciones juradas fiscales presentadas por Adorni y su esposa correspondientes a los períodos 2023, 2024 y 2025, así como la remisión de la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción.
Toda esa información será incorporada al análisis patrimonial que lleva adelante la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo encargado de evaluar la consistencia entre los ingresos declarados y los bienes registrados por el funcionario.
La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y aún no existen definiciones judiciales sobre la responsabilidad del jefe de Gabinete.