Investigan una presunta red entre internos y penitenciarios por torturas y abusos en la cárcel de Río Grande
Una causa de fuerte impacto institucional avanza en Tierra del Fuego tras una serie de allanamientos simultáneos realizados por orden judicial para investigar una presunta asociación ilícita integrada por internos y agentes del Servicio Penitenciario Provincial.
La investigación se originó a partir de un grave episodio ocurrido entre el 9 y el 12 de mayo en el Pabellón B de la Unidad de Detención de Río Grande, donde tres reclusos recientemente ingresados habrían sido sometidos a brutales agresiones, posibles abusos sexuales y tormentos por parte de otros internos.
Si bien las víctimas no realizaron denuncias formales por temor a represalias, la Justicia abrió una causa de oficio luego de acceder a registros de cámaras de seguridad que mostraron a los agresores y a las víctimas saliendo desnudas de una celda tras el ataque.
En un primer momento, desde el Servicio Penitenciario se informó que no era posible identificar a los responsables. Sin embargo, un informe elaborado por la División Delitos Complejos de la Policía Provincial permitió reconstruir lo sucedido y establecer que la agresión se extendió durante más de una hora sin que existiera intervención del personal penitenciario.
Las pericias también determinaron que las imágenes de vigilancia permitían reconocer a los diez internos involucrados en el hecho, contradiciendo la versión inicial brindada por las autoridades carcelarias.
La causa es llevada adelante por la jueza de Instrucción Cecilia Cataldo y el fiscal Martín Bramatti, quienes investigan la posible existencia de una asociación ilícita y la eventual responsabilidad de agentes penitenciarios por haber facilitado o permitido la agresión.
En ese marco, la Justicia realizó ocho allanamientos simultáneos, tanto dentro de la unidad carcelaria como en domicilios particulares de siete agentes que se encontraban de guardia durante el episodio. Durante los procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación.
Además, en la celda donde habría ocurrido el ataque se detectaron manchas de sangre que serán sometidas a análisis periciales.
La pesquisa busca determinar si existió connivencia entre internos y personal penitenciario para garantizar una “zona liberada” que permitiera la concreción de las agresiones, una hipótesis que coloca bajo sospecha a integrantes de la conducción del establecimiento carcelario.