Investigan presunto fraude con viviendas de ATE: tres imputados comenzaron a ser juzgados en Ushuaia
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur inició este lunes el juicio oral y público contra Carlos Córdoba, Miguel Arana y Eric Moscoso Panozo, acusados por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a viviendas sociales destinadas a afiliados de ATE en Ushuaia.
Según la acusación fiscal, Córdoba y Arana enfrentan cargos por 22 hechos relacionados con supuestas maniobras defraudatorias en el programa de 128 viviendas ubicado en el sector Barrancas del Río Pipo.
Durante la primera audiencia, el fiscal Daniel Curtale expuso los fundamentos de la investigación y sostuvo que los acusados habrían ofrecido lugares o soluciones habitacionales a personas que no cumplían los requisitos para acceder a las viviendas.
De acuerdo con la causa, empleados estatales y afiliados gremiales habrían entregado dinero, vehículos, cheques y otros bienes a cambio de ingresar en los listados de adjudicación.
La investigación también sostiene que las maniobras se habrían realizado mediante gestiones gremiales ante el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) y otros organismos públicos, incorporando postulantes que presuntamente no integraban el universo legítimo de beneficiarios.
Por otra parte, Eric Moscoso Panozo es juzgado por presunto lavado de activos. La fiscalía sostiene que habría adquirido maquinaria vial utilizando fondos provenientes de las operaciones investigadas.
Al momento de las indagatorias, Carlos Córdoba decidió no declarar. En cambio, Miguel Arana respondió preguntas y señaló a Córdoba como destinatario de los fondos obtenidos en las operaciones investigadas.
Posteriormente declaró Moscoso Panozo, quien negó las acusaciones y optó por no responder preguntas del Tribunal.
El juicio es presidido por el juez Alejandro Pagano Zavalía, acompañado por Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla.
Tras la primera jornada, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este martes a las 9.30, cuando comenzará la etapa de producción de pruebas y declaraciones testimoniales. Está prevista la participación de alrededor de 20 testigos durante el debate oral.