Reforma de la Ley de Glaciares: uno por uno, los puntos clave del proyecto
La reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno nacional introduce una serie de cambios centrales que modifican el esquema de protección ambiental vigente desde 2010 y reconfiguran el rol del Estado y las provincias en la gestión de estos recursos.
Uno de los ejes principales del proyecto es el mayor protagonismo de las provincias, que pasarán a tener un rol clave en la definición de qué glaciares y áreas periglaciares deben ser protegidos. Esto implica un cambio respecto al esquema actual, que establece criterios mínimos a nivel nacional.
Otro punto central es la incorporación del criterio de “función hídrica”, que plantea que los cuerpos de hielo serán evaluados caso por caso según su aporte al sistema hídrico. Aquellos que no cumplan con este requisito podrían quedar fuera de la protección estricta.
La iniciativa también redefine el alcance de las zonas periglaciares, que en la legislación vigente están protegidas por su rol en la regulación del agua. Con la reforma, estos espacios podrían ser reinterpretados, lo que abriría la puerta a actividades productivas en áreas antes restringidas.
En ese sentido, el proyecto habilita la posibilidad de desarrollar actividades económicas, como la minería, en determinadas zonas actualmente protegidas, siempre que se cumplan los nuevos criterios establecidos.
Otro cambio relevante es el desplazamiento del rol central de la evaluación científica, ya que parte de las decisiones quedarían sujetas a definiciones provinciales, lo que generó cuestionamientos por parte de especialistas y organizaciones ambientales.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca generar condiciones para atraer inversiones y potenciar el desarrollo productivo, especialmente en sectores como el minero. Sin embargo, sectores de la oposición, científicos y organizaciones ambientalistas advierten que podría implicar un retroceso en la protección de reservas estratégicas de agua dulce.