Política

Intendentes evalúan denunciar a Caputo por presunta malversación de fondos del impuesto a los combustibles

Los intendentes de distintas ciudades del país están evaluando llevar a la Justicia al ministro de Economía Luis Caputo por presunta malversación de fondos públicos, en medio de una nueva tensión por la distribución de recursos vinculados al impuesto a los combustibles.

La discusión se reactivó luego de una presentación formal de la Federación Argentina de Municipios (FAM) ante el Ministerio de Economía, donde denuncian que parte de los fondos con destino específico para infraestructura vial y transporte no estarían siendo transferidos en los montos previstos por la normativa vigente.

Según el planteo de los jefes comunales, la legislación establece que una porción de lo recaudado debe ir al fideicomiso de infraestructura de transporte, con asignaciones concretas para obras viales y ferroviarias. Sin embargo, sostienen que las transferencias efectivas habrían sido inferiores a lo que corresponde según la recaudación informada.

En ese marco, la FAM afirma que los recursos retenidos impactan directamente en el mantenimiento y desarrollo de obras en los municipios. Incluso estiman una diferencia significativa entre lo recaudado y lo efectivamente girado durante el último período anual.

La entidad, que reúne a más de 500 intendentes de distintos espacios políticos, fue encabezada en la reunión por su titular Fernando Espinoza, junto a representantes de varias provincias, entre ellos Martín Perez. Allí se resolvió avanzar con una estrategia judicial si no se abre una instancia de negociación con el Gobierno nacional.

Los intendentes también advirtieron que en el primer trimestre del año se habrían acumulado fondos del impuesto a los combustibles sin una asignación clara a obras o reducción de costos en el sector, lo que refuerza el reclamo por mayor transparencia en la ejecución.

Mientras tanto, el conflicto escala en el plano político y judicial, con la posibilidad de que la presentación termine en tribunales federales si no hay respuesta oficial. En otras palabras: plata hay, el problema es a dónde está yendo. Y nadie parece querer hacerse cargo de explicarlo demasiado en detalle.

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