Peajes en rutas nacionales: el Gobierno habilitó a provincias a concesionar tramos y encendió la polémica
El Gobierno nacional oficializó una nueva modalidad de gestión vial que habilita a nueve provincias, entre ellas Santa Cruz, a administrar y concesionar tramos de rutas nacionales mediante sistemas de peaje, con el objetivo de financiar obras de reparación, mantenimiento y conservación.
La medida fue establecida a través del Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El esquema se enmarca en la política de descentralización de funciones operativas y reorganización del Estado.
Las jurisdicciones habilitadas son Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan, que podrán otorgar concesiones a empresas privadas, mixtas o entes públicos, definir planes de obra y mantenimiento, y establecer mecanismos de financiamiento a través del cobro de peajes.
En el caso de Santa Cruz, la medida abre la posibilidad de intervenir sobre corredores estratégicos como las rutas nacionales 3 y 40, fundamentales para la conectividad, el transporte y la actividad productiva de la provincia. Sin embargo, la eventual implementación de peajes dependerá de las decisiones del gobierno provincial y de los proyectos que se presenten ante la Dirección Nacional de Vialidad.
El decreto aclara que la delegación es de carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”, por lo que la titularidad de las rutas continúa siendo del Estado nacional. Vialidad Nacional mantendrá la supervisión y auditoría de los contratos, mientras que el Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación.
Además, las provincias deberán presentar planes detallados de obra, cronogramas, esquemas de financiamiento y tarifas máximas. Las concesiones no podrán superar los 30 años, y los fondos recaudados deberán destinarse exclusivamente a los tramos concesionados.
Desde el Gobierno nacional sostienen que el objetivo es agilizar la ejecución de obras y mejorar la eficiencia en la gestión de la infraestructura vial, otorgando mayor protagonismo a las provincias por su conocimiento del territorio.
En paralelo, la medida genera expectativa e incertidumbre en sectores del transporte y la producción, especialmente en regiones extensas como Santa Cruz, donde cualquier cambio en los costos de circulación podría impactar en la actividad económica y el costo de vida.
Por el momento, el avance del sistema dependerá de la adhesión efectiva de cada provincia y de la implementación de los convenios con el Estado nacional.