El Senado debate la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros
El Senado de la Nación inició este jueves el tratamiento de uno de los proyectos más relevantes impulsados por el Gobierno nacional, una reforma integral sobre propiedad privada que contempla cambios en la Ley de Tierras Rurales, modificaciones al régimen de expropiaciones, actualizaciones en la Ley de Manejo del Fuego y nuevos procedimientos para desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente.
La sesión comenzó a las 11 de la mañana, tras ser acordada en la reunión de Labor Parlamentaria. Además de esta iniciativa, los legisladores analizan un proyecto para autorizar acuerdos con acreedores externos conocidos como holdouts y el tratamiento de numerosos pliegos judiciales.
Uno de los puntos centrales de la reforma propone modificar la Ley 26.737, eliminando los límites nacionales vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. El proyecto establece que las provincias mantendrán plena jurisdicción sobre sus territorios y podrán intervenir en las autorizaciones de compraventa cuando corresponda.
Sin embargo, la iniciativa mantiene restricciones para la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros, organismos vinculados a gobiernos de otros países o fondos fiduciarios integrados mayoritariamente con recursos estatales extranjeros.
Otro capítulo de la reforma apunta a modificar la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto elimina la prohibición que impedía durante 30 años cambiar el uso de superficies incendiadas en zonas agropecuarias, pastizales, matorrales y áreas periurbanas. En el caso de los bosques nativos, se mantiene la prohibición de modificar el destino de las áreas afectadas, aunque desaparece el plazo de 60 años que establecía la legislación actual.
De aprobarse, las restricciones quedarán sujetas a las normas ambientales vigentes en cada jurisdicción, sin establecer períodos temporales específicos.
La iniciativa también introduce cambios en la Ley Nacional de Expropiaciones. Entre las modificaciones previstas se establece que las declaraciones de utilidad pública deberán interpretarse de manera restrictiva y contar con fundamentos expresos por parte del Estado.
Asimismo, incorpora nuevos criterios para determinar el valor de los bienes expropiados, tomando como referencia la cotización previa a cualquier intervención estatal que pudiera afectar su precio. También contempla el reconocimiento del lucro cesante cuando pueda acreditarse de manera directa, con un límite máximo del 30% sobre el valor indemnizable.
En materia procesal, el proyecto incorpora mecanismos para agilizar desalojos en casos de ocupación o usurpación de inmuebles. Los denominados desalojos exprés se aplicarán exclusivamente a situaciones de ocupación ilegal, mientras que en los contratos de alquiler se mantendrá la obligación de intimar previamente al inquilino antes de iniciar acciones judiciales.
Otro de los temas incluidos en la agenda parlamentaria es la autorización para que el Gobierno nacional alcance acuerdos con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, con el objetivo de cerrar litigios vinculados a deuda pública en default.
La propuesta contempla pagos por aproximadamente 171 millones de dólares, distribuidos en 67 millones para Bainbridge y 104 millones para Attestor. Según el oficialismo, la medida forma parte de la estrategia para resolver causas judiciales pendientes en tribunales de Estados Unidos relacionadas con títulos emitidos antes del default de 2001.
Durante la sesión también se prevé el tratamiento de 50 pliegos correspondientes a jueces, fiscales y defensores oficiales. En cambio, quedó fuera del temario el pliego de Verónica Michelli, cuya situación será debatida en una futura convocatoria.
La reforma impulsada por el Poder Ejecutivo concentra cambios en aspectos sensibles de la legislación argentina, desde la compra de tierras rurales por extranjeros hasta las expropiaciones, el manejo de superficies incendiadas y los procedimientos de desalojo, configurando una de las discusiones legislativas más importantes de las últimas semanas.