A cuatro meses del inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el proceso volvió a quedar bajo tensión por una controversia vinculada con una de las principales pruebas utilizadas por la Fiscalía. Las defensas cuestionaron parte de la documentación médica analizada por la Junta Médica y no descartan plantear la nulidad del debate oral.

El conflicto surgió después de que el abogado Nicolás D’Albora, defensor de una de las imputadas, advirtiera que dentro del expediente existirían análisis realizados entre 2012 y 2015 que no pertenecerían a Maradona, sino a su padre. La situación fue detectada durante la declaración del nefrólogo Hernán Trimarchi, quien había señalado que el exfutbolista padecía una enfermedad renal crónica.

Según la defensa, algunos de esos estudios fueron incorporados para evaluar los antecedentes clínicos de Maradona, pese a que varios corresponden a 2015, período en el cual el exentrenador se encontraba en Dubai. Ante esta situación, D’Albora pidió que se requiera información a la empresa de medicina prepaga para verificar los números de afiliado y que también se consulten los registros migratorios.

La controversia adquiere especial relevancia porque la Junta Médica constituye uno de los elementos centrales de la acusación contra los siete profesionales de la salud imputados por homicidio simple con dolo eventual. Los peritos concluyeron que el fallecimiento de Maradona podía haberse evitado mediante una atención adecuada y una respuesta oportuna ante su estado de salud.

Ahora deberá determinarse qué cantidad de los estudios incorporados al expediente pertenecían efectivamente al exfutbolista y cuáles correspondían a su padre, fallecido en 2015. El hallazgo generó preocupación entre las distintas partes y abrió una nueva discusión acerca de la validez de las conclusiones periciales utilizadas durante el proceso.

Las defensas anticiparon que podrían presentar distintos planteos cuando se reanude el juicio en los tribunales de San Isidro. Francisco Oneto, abogado de Leopoldo Luque, calificó la situación como inédita y sostuvo que resulta difícil dimensionar sus consecuencias, mientras que Diego Olmedo, defensor del psicólogo Carlos Díaz, consideró que el episodio es “gravísimo” y que “desautoriza a la Junta Médica”.

Desde la Fiscalía, en cambio, relativizaron el impacto del error. Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren sostienen que se trataría de una cantidad reducida de estudios de laboratorio y consideran que la confusión no modifica sustancialmente la hipótesis acusatoria. El nuevo cuestionamiento aparece luego de la anulación del juicio anterior en 2025, provocada por el escándalo que involucró a la entonces jueza Julieta Makintach.