Alertan que los concursos preventivos crecieron más de un 130% y piden declarar la emergencia económica
Industriales Pymes Argentinos advirtió sobre un aumento sostenido de empresas en crisis y reclamó medidas urgentes para evitar cierres masivos y una profundización del deterioro productivo.
Industriales Pymes Argentinos (IPA) alertó sobre el fuerte incremento de concursos preventivos registrados durante el último año y solicitó la declaración de la emergencia económica para evitar “un cierre acelerado y masivo de empresas”.
Según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Buenos Aires citados por la entidad, durante 2025 se registraron 190 aperturas de concursos preventivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente a los 82 casos contabilizados en 2023, lo que representa un incremento del 131,71%.
Además, IPA advirtió que la tendencia se profundizó durante el inicio de 2026. De acuerdo al relevamiento, entre febrero, marzo y abril de este año se abrieron 92 nuevos procesos concursales.
El presidente de la entidad, Daniel Rosato, aseguró que el escenario actual evidencia una crisis más profunda de la prevista y reclamó una intervención urgente del Gobierno nacional.
“Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil pymes, pero el ritmo de deterioro de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos demuestran que el daño al entramado productivo es mucho peor”, sostuvo.
Desde IPA también solicitaron al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo y al Congreso nacional el tratamiento y aprobación de proyectos vinculados a una ley de emergencia económica destinada a asistir a pequeñas y medianas empresas.
En paralelo, el titular del Departamento de Legales de IPA, Germán Pizzano, señaló que la situación actual podría derivar en un colapso judicial y productivo del sector manufacturero.
Según detalló, entre noviembre de 2023 y principios de 2026 cerraron 24.437 empresas y, como consecuencia, 327.813 trabajadores dejaron de contar con cobertura dentro del sistema de riesgos del trabajo.
El informe también advirtió sobre un proceso de desinversión y pérdida de inversión extranjera directa, al tiempo que sostuvo que muchas empresas locales comenzaron a reconvertirse en importadoras para adaptarse al actual escenario económico.
En ese contexto, IPA remarcó que la capacidad ociosa del sector alcanza el 40,2% y advirtió sobre el impacto social derivado del cierre de fábricas y la pérdida de puestos laborales.
Finalmente, la entidad propuso avanzar con herramientas legislativas de emergencia que permitan suspender ejecuciones judiciales y otorgar más tiempo a las empresas para recomponer capital de trabajo y evitar quiebras definitivas.