El Gobierno busca restablecer el cobro provincial del Impuesto Inmobiliario y crece la tensión con los municipios
El Ejecutivo provincial impulsa un proyecto para que el Impuesto Inmobiliario vuelva a la órbita de la Provincia. Los fondos serían destinados al financiamiento de salud y educación pública, en medio de un escenario de creciente conflicto con los municipios por los recursos coparticipables.
La discusión por el Impuesto Inmobiliario volvió a instalarse en el centro de la agenda política fueguina luego de que comenzara a circular un proyecto de ley impulsado por el Gobierno provincial que propone dejar sin efecto la suspensión vigente y restablecer la plena aplicación del tributo en la órbita provincial.
La iniciativa aparece pocos días después de la polémica sesión legislativa en la que se aprobó el mecanismo de goteo diario de coparticipación solicitado por los municipios para evitar retenciones de fondos por parte de la Provincia, en un contexto de creciente tensión institucional.
El proyecto establece que el Impuesto Inmobiliario “recupera plena vigencia y exigibilidad en todo el territorio de la Provincia” y dispone que la totalidad de los recursos recaudados se destinen específicamente al financiamiento de los servicios de salud y educación pública.
Además, la propuesta faculta a la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) a dictar las normas reglamentarias y operativas necesarias para su implementación, incluyendo planes de facilidades de pago para contribuyentes.
El conflicto por este tributo tiene antecedentes de larga data en Tierra del Fuego. Históricamente, el Impuesto Inmobiliario fue percibido por los municipios y representa, junto al Automotor, una de las principales fuentes de financiamiento de las administraciones locales.
Sin embargo, durante la gestión de Rosana Bertone, la Provincia impulsó una reforma del Código Fiscal para recuperar la potestad tributaria sobre el Inmobiliario, lo que derivó en una fuerte disputa judicial con los intendentes.
En aquel momento, los municipios denunciaron una vulneración de las autonomías municipales y llevaron el caso a la Justicia. Finalmente, tanto el Superior Tribunal de Justicia fueguino como la Corte Suprema de Justicia de la Nación respaldaron la postura provincial, reconociendo que la potestad tributaria corresponde a la Provincia.
Pese a ese fallo, la aplicación efectiva del tributo provincial fue suspendida en 2016 para evitar una doble imposición mientras continuaba la discusión política. Posteriormente, durante la gestión de Gustavo Melella, la Legislatura prorrogó en distintas oportunidades la continuidad del cobro municipal.
Ahora, el tema vuelve a reactivarse en medio de un escenario financiero complejo tanto para la Provincia como para los municipios, que consideran al Inmobiliario un recurso clave para sostener servicios y funcionamiento.
El proyecto de ley también establece que los fondos recaudados integrarán un fondo específico destinado a educación y salud pública, en un intento de darle respaldo político y social a la medida. Porque en Argentina ningún impuesto vuelve jamás “solo”. Siempre regresa acompañado de una guerra institucional, una discusión sobre autonomía y alguien prometiendo que esta vez sí será para financiar servicios esenciales.