Diputados realizarán audiencias por la Ley de Glaciares en medio de críticas por restricciones a expositores
La Cámara de Diputados llevará adelante este miércoles 25 y jueves 26 de marzo dos audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, en un contexto de fuertes cuestionamientos por la limitación en la participación de oradores.
El esquema definido por el oficialismo de La Libertad Avanza establece que solo unos 400 expositores podrán participar de manera oral, pese a que cerca de 100 mil personas se inscribieron para intervenir en el debate.
Las audiencias se realizarán en dos jornadas: una presencial el miércoles y otra virtual el jueves. Sin embargo, el formato dispuesto generó rechazo en sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas, que reclaman ampliar la cantidad de participantes y extender el cronograma.
Según lo establecido, podrán exponer de manera presencial o por videoconferencia los primeros inscriptos de cada una de las 24 jurisdicciones del país, mientras que el resto deberá presentar su postura por escrito o mediante videos de hasta cinco minutos.
Además, se dispuso que en las audiencias solo podrán estar presentes los integrantes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, junto a un número limitado de asesores.
En paralelo, la organización ambientalista Greenpeace presentó una medida cautelar ante la Justicia para que se garantice la participación oral de todos los inscriptos. El planteo quedó a cargo del juez Enrique V. Lavié Pico.
Desde la organización sostienen que el esquema actual restringe la participación ciudadana y solicitaron readecuar el cronograma mediante la incorporación de nuevas jornadas. Según estimaciones, permitir la exposición de todos los inscriptos demandaría varios meses de audiencias.
El proyecto en discusión, impulsado con respaldo de algunos gobernadores, busca modificar la normativa vigente para flexibilizar las restricciones en zonas periglaciares y habilitar actividades económicas, como la megaminería y la explotación de hidrocarburos, bajo evaluación de impacto ambiental.
Asimismo, la iniciativa propone transferir mayores facultades a las provincias para definir qué áreas deben ser protegidas, reduciendo la intervención del Estado nacional.
La propuesta genera un fuerte debate político y social: mientras algunos sectores la consideran clave para atraer inversiones, otros advierten que podría poner en riesgo ecosistemas estratégicos y reservas de agua dulce.