Cristina López cuestionó al Banco Mundial y apuntó contra Milei por la situación industrial fueguina
La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, criticó con dureza el informe del Banco Mundial que califica al régimen de promoción industrial como una política fallida y advirtió que ese diagnóstico podría ser utilizado por el Gobierno nacional para profundizar medidas contra el sector.
Desde Ushuaia, la legisladora expresó su preocupación por el impacto que el documento podría tener en el contexto actual, marcado —según señaló— por la pérdida de empleo y el retroceso de la actividad industrial en la provincia. En ese sentido, sostuvo que el problema no radica en el subrégimen industrial, sino en las políticas impulsadas por la gestión de Javier Milei.
López afirmó que, desde el inicio del actual gobierno, distintas decisiones económicas afectaron directamente al entramado productivo fueguino. Entre ellas, mencionó el cierre de empresas, suspensiones y despidos en firmas del sector electrónico y textil, así como la reducción del componente nacional en la fabricación de celulares, lo que —indicó— favorece la importación de productos terminados en detrimento de la producción local.
En esa línea, consideró que el informe del organismo internacional podría ser utilizado como argumento para avanzar contra la Ley 19.640, eje del régimen de promoción industrial vigente en la provincia desde hace más de cinco décadas.
La senadora también cuestionó que el análisis del Banco Mundial se enfoque exclusivamente en el costo fiscal del régimen, estimado en más de mil millones de dólares anuales, sin contemplar —según planteó— las consecuencias sociales, laborales y estratégicas que tendría su eventual desmantelamiento.
“Detrás de cada número hay familias, hay empleo y hay arraigo en una región clave del país”, remarcó, al tiempo que vinculó la industria fueguina con la presencia argentina en el Atlántico Sur y la cercanía con Malvinas y la Antártida.
No obstante, López aclaró que no se opone a una eventual revisión del régimen, pero insistió en que cualquier modificación debe surgir del consenso entre trabajadores, empresas, sindicatos y autoridades provinciales, y no de definiciones externas.
Finalmente, la legisladora reafirmó la importancia de la Ley 19.640 como herramienta para sostener el empleo y el desarrollo en la provincia, y anticipó que desde su espacio político darán la discusión para defender el esquema vigente frente a posibles cambios impulsados desde el Gobierno nacional.