Crecen las agresiones a docentes en Tierra del Fuego y advierten falta de prevención
Una investigación del fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, expuso el crecimiento de situaciones de violencia en establecimientos educativos de Tierra del Fuego y analizó las medidas implementadas para abordar la problemática, que también se replica a nivel nacional.
El informe, dado a conocer a través de la Resolución 17/26 tras una denuncia, relevó episodios de agresiones hacia docentes, directivos y auxiliares, tanto dentro como fuera del ámbito escolar, y puso el foco en las condiciones de seguridad laboral en el sistema educativo provincial.
Según datos elaborados por el Equipo Psicosocial de la Dirección Provincial de Atención al Docente (DPAD), durante el último año se registró un “incremento extraordinario” de casos. En detalle, se reportaron siete hechos de violencia de estudiantes hacia docentes en Ushuaia, cuatro agresiones de familiares en Ushuaia y Río Grande, un conflicto entre docentes y otros ocho episodios vinculados a violencia de género, acoso escolar y crisis institucionales.
El documento describe estos hechos como “situaciones límite”, con intimidaciones, amenazas y hostigamientos, además de ingresos de padres o tutores a los establecimientos en contextos de conflicto, alterando el normal funcionamiento escolar.
Desde el Ministerio de Educación señalaron que se intervino en cada caso y que se implementaron medidas para contener a los afectados. Entre ellas, se destaca la aplicación de un protocolo provisorio de ingreso y permanencia en las instituciones, que incluye control de accesos y restricción de personas externas.
Asimismo, se reforzó el equipo de asistencia con la incorporación de profesionales y se brinda acompañamiento psicológico a unos 30 docentes afectados. También se avanzó en la creación de espacios de diálogo, como el Comité Mixto de Salud y Seguridad y los denominados “Ateneos de Convivencia”.
No obstante, el fiscal distinguió dos dimensiones del problema: por un lado, la violencia que impacta en el clima escolar y la integridad de los docentes; y por otro, la obligación del Estado de garantizar condiciones laborales seguras.
Si bien el informe reconoce que hubo acciones por parte de la cartera educativa, advierte que no existe aún un abordaje integral. En ese sentido, señala la falta de medidas preventivas como capacitaciones en manejo de conflictos, seguimiento sistemático de incidentes y estrategias de comunicación.
Finalmente, concluye que es necesario avanzar en la implementación de herramientas pendientes, como los Consejos Escolares de Convivencia, y desarrollar un plan sostenido que garantice entornos seguros para toda la comunidad educativa.