Colapso en puerta: la caja previsional policial enfrenta déficit millonario, juicios y una crítica falta de aportantes
La Caja Previsional para el Personal Policial y Penitenciario de Tierra del Fuego atraviesa su peor momento financiero desde su creación en 2010. Con un déficit mensual de $602 millones, más de 70 juicios en curso, inversiones fallidas y un sistema con más jubilados que aportantes, la situación fue calificada como “crítica” por su presidente, el Comisario General Héctor Bordón, durante una reunión con beneficiarios celebrada en Río Grande.
“La caja tiene que pagar 2.000 millones de pesos, pero solo recauda 600 millones”, detalló Bordón, quien asumió la conducción de la entidad en 2023.
Faltan fondos, sobran problemas
Si bien el Estado provincial cumple con los aportes y contribuciones en tiempo y forma, la caja no cuenta con liquidez inmediata para hacer frente a los pagos. Bordón reconoció:
“No tenemos dinero físico para afrontar los beneficios que tenemos que otorgar”.
Entre las causas del colapso financiero se encuentran inversiones deficitarias como el frustrado proyecto “Hard Rock” y una supuesta estafa vinculada a “Michi”. Además, Bordón advirtió sobre una demanda por U$S 13 millones por terrenos en Altos de la Estancia, que podría profundizar aún más el colapso si el fallo es adverso.
“No hay plata”
Así de contundente fue una fuente que participó del encuentro:
“La cruel realidad es que no hay plata para afrontar todos los gastos que tiene la caja. No tienen fecha de cobro hasta tanto el Gobierno no les haga los aportes”.
Además, se denunció la falta de coordinación entre la Jefatura de Policía y la Caja para estimular el ingreso de nuevos efectivos que podrían engrosar el número de aportantes.
“Hoy la Policía no resulta atractiva, y quienes entran, se van apenas cumplen el tiempo mínimo. Eso agrava aún más el desbalance entre aportantes y jubilados”.
Una reforma urgente: Ley 834 en la mira
Frente a este escenario, desde la conducción de la caja se propone una reforma integral de la Ley 834, que rige desde 2010 y establece el régimen previsional del personal policial y penitenciario. Se busca aumentar los ingresos, activar el cobro por inmuebles, reorganizar el sistema y obtener auxilio financiero del Ejecutivo provincial.
A pesar de todo, se descartó una posible fusión con otras cajas, y se afirmó que los haberes se seguirán abonando mediante el sistema de “goteo”.
“Es fundamental que empecemos a mover lo que nunca se movió y generar un flujo de ingresos que permita sostener a la caja”, subrayó Bordón, y agregó que “la transparencia en la gestión y la comunicación con los beneficiarios es clave para superar esta crisis”.
La reunión dejó en evidencia años de desmanejo, falta de planificación y escasa comunicación con los afiliados, que ahora reclaman certezas y soluciones concretas.