Catamaranes de Ushuaia: aseguran que las empresas pagaron reparaciones que nunca fueron reconocidas

El presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de la República Argentina (FEDECATUR), Ángel Brisighelli, cuestionó con dureza el comunicado de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) que anunció actuaciones para determinar responsabilidades por el deterioro del muelle de catamaranes del Puerto de Ushuaia. El empresario consideró razonable que se investigue cómo la infraestructura llegó a su actual estado, pero rechazó que las firmas que operan las embarcaciones sean alcanzadas por las averiguaciones.

En declaraciones al programa “Mañanas Diferentes”, por FM 93.1, Brisighelli sostuvo que las empresas son únicamente usuarias de las instalaciones y que cumplen mensualmente con el pago de las tasas correspondientes. “Nosotros no somos los dueños del muelle, ni estamos obligados a hacer el mantenimiento ni nada”, afirmó.

El dirigente turístico insistió en que la conservación de la infraestructura corresponde al organismo encargado de administrar el puerto. Para graficar su postura, comparó la situación con una ruta concesionada en la que se pretendiera responsabilizar a los automovilistas por la falta de mantenimiento de las banquinas. “El puerto nos cobra a nosotros, no nos cobra poco, por cierto, y el puerto, sea quien lo administre, es el responsable del mantenimiento de la instalación portuaria”, señaló.

Brisighelli también negó que actualmente existan acuerdos que obliguen a las empresas de catamaranes a ejecutar obras sobre ese sector. Según explicó, el único antecedente de ese tipo se remonta a décadas atrás, cuando su padre financió la construcción de una parte del muelle y luego la cedió a la entonces Dirección Provincial de Puertos a cambio de un período de utilización. Sin embargo, aclaró que esa estructura no es la que presenta los mayores daños en la actualidad.

“Lo que está destruido es la parte que construyó después la DPP hace unos 15 o 20 años atrás. Este es el único convenio que hubo en la historia”, manifestó. En ese sentido, sostuvo que cualquier revisión de convenios históricos debería diferenciar las distintas etapas en las que fue construida la infraestructura.

El presidente de FEDECATUR recordó además que, en diferentes oportunidades, los propios operadores turísticos asumieron gastos para mantener la actividad cuando surgieron problemas en las instalaciones. Entre los antecedentes mencionó la tormenta de 2012, cuando las empresas financiaron reparaciones para poder volver a utilizar el muelle. “Nunca nadie nos reconoció un centavo de toda la guita que tuvimos que poner en el muelle para poder rehabilitarlo”, aseguró.

También señaló que, cuando las embarcaciones fueron trasladadas al muelle principal y surgieron inconvenientes con el suministro eléctrico, las firmas adquirieron alrededor de 150 metros de cable para que el puerto pudiera realizar la conexión. Según explicó, esos desembolsos tampoco fueron posteriormente compensados mediante descuentos en las tasas que debían pagar.

Brisighelli reveló que incluso después de los daños registrados este año acercaron una nueva alternativa a las autoridades nacionales. “Cuando el muelle se destruye en abril, en mayo le hacemos una propuesta de hacer una reparación de la costa nuestra para solucionar el problema y nos dijeron que no”, afirmó.

Otro de los puntos que provocó el fuerte rechazo del empresario fue la eventual revisión de la cantidad de pasajeros declarados por las compañías. Para Brisighelli, relacionar ese aspecto comercial con una investigación sobre el deterioro del muelle instala una sospecha injustificada sobre los operadores.

“En el momento en que tirás un manto de sospecha sobre las empresas, diciendo que le vas a revisar los números, la cantidad de pasajeros transportados y cosas por el estilo, estás sugiriendo, entre líneas, que las empresas le están estafando”, cuestionó.

Finalmente, sostuvo que ese señalamiento excede una diferencia de criterios respecto de la administración portuaria y consideró que afecta directamente la imagen de las compañías. “Es una sugerencia de una actitud deshonesta de las empresas para con el puerto. Eso es ofensivo directamente”, concluyó.