Veterinarios en pie de guerra: acusan al Concejo de Río Grande de imponer una ordenanza inconstitucional
Obligarlos a sostener una guardia médica 24 horas “sin respaldo del Estado” es ilegal y arbitrario, advierten desde el Colegio Médico Veterinario. Preparan una batalla judicial.
La reciente ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de Río Grande, que impone un sistema de guardias obligatorias a veterinarios privados, desató una fuerte reacción del Colegio Médico Veterinario de Tierra del Fuego, que anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad. Denuncian que la norma es una intromisión ilegal en una actividad profesional regulada por ley provincial, sin sustento jurídico ni respaldo económico.
“No se puede imponer una carga privada sin recursos públicos”, advirtió el abogado Francisco Ibarra, representante legal del Colegio, en diálogo con Radio Noticias 97. Y fue más allá: “Un Concejo Deliberante no tiene competencia para imponer este tipo de obligaciones personales ni sanciones directas a profesionales. Esta ordenanza es abiertamente inconstitucional”.
El profesional sostuvo que no solo la ordenanza excede las facultades del cuerpo legislativo local, sino que ni siquiera la Legislatura provincial podría establecer algo semejante, ya que se trata de una materia que, por su naturaleza, requeriría legislación nacional. En otras palabras, el Concejo decidió avanzar sobre un terreno que no le corresponde y lo hizo sin prever ninguna medida de financiamiento, trasladando toda la carga al sector privado.
Desde el Colegio Veterinario reconocen que la necesidad de atención permanente existe, pero sostienen que eso no justifica una medida arbitraria que transforma una urgencia sanitaria en una exigencia desmedida para los profesionales. “Es como si se pretendiera que los abogados deban atender 24 horas todos los días, sin estructura, sin respaldo, sin compensación. Es un delirio”, disparó Ibarra.
El conflicto se intensifica con la amenaza de multas: 500 unidades económicas por incumplimiento, lo que en la práctica puede significar sanciones millonarias a clínicas o profesionales que no puedan garantizar el servicio. Para el Colegio, esta presión no solo es desproporcionada, sino también persecutoria.
Ya se están preparando presentaciones formales ante el Municipio y, si no prosperan, se recurrirá al Superior Tribunal de Justicia de la provincia. También analizan acciones ante el fuero correccional en caso de que el Municipio intente aplicar sanciones.
“El derecho a trabajar está protegido por el artículo 14 de la Constitución Nacional. Nadie puede imponer obligaciones por fuera de la ley, mucho menos de esta manera improvisada y autoritaria”, concluyó Ibarra.
Desde el sector veterinario, la respuesta es clara: no se oponen a trabajar, pero exigen que se respeten las leyes, los límites institucionales y, sobre todo, que el Estado asuma sus responsabilidades. Mientras tanto, la ordenanza se perfila como otro ejemplo de cómo decisiones apresuradas pueden terminar en tribunales, y no en soluciones reales.