Ushuaia: el Municipio impulsa la emergencia económica por caída de recursos y deudas de coparticipación
El Ejecutivo municipal de Ushuaia presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia Económica y Financiera por un plazo de seis meses, en medio de un escenario marcado por la disminución de ingresos y demoras en la remisión de fondos coparticipables.
De acuerdo a lo informado oficialmente, la iniciativa surge como respuesta a dificultades crecientes en la liquidez y la previsibilidad financiera del Municipio. En ese sentido, se advirtió que la deuda por transferencias pendientes por parte del Gobierno provincial superaría los 12 mil millones de pesos, generando un fuerte impacto en la administración local.
El proyecto contempla la implementación de herramientas excepcionales orientadas a sostener el funcionamiento del Estado municipal y garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Entre las medidas previstas se incluye la posibilidad de renegociar, adecuar o rescindir contratos y concesiones vigentes, así como avanzar en la consolidación y refinanciación de deudas con proveedores y la reestructuración de partidas presupuestarias.
Asimismo, la propuesta habilita al Ejecutivo a gestionar nuevas fuentes de financiamiento y a readecuar el presupuesto vigente en función de la evolución del contexto económico. También establece la suspensión de nuevas incorporaciones de personal, con excepción de aquellas áreas consideradas esenciales.
El secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, explicó que la medida se enmarca en “una situación económica y financiera excepcional”, atravesada por un contexto macroeconómico adverso que repercute en la actividad local, la recaudación y la capacidad de gestión del Estado.
En esa línea, el funcionario precisó que los ingresos por coparticipación registraron en enero de 2026 una caída nominal del 5% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que implica una pérdida real cercana al 38% del poder de financiamiento. A su vez, cuestionó las demoras en la transferencia de estos recursos, que actualmente se estarían acreditando con un retraso aproximado de 40 días.
Iriarte también planteó la necesidad de avanzar en un mecanismo que garantice la remisión automática y en tiempo de los fondos hacia los municipios, al considerar que la actual dinámica genera incertidumbre en la planificación financiera.
El panorama económico se ve agravado por la retracción del consumo, la caída de la actividad y la pérdida del poder adquisitivo, factores que profundizan el desfasaje entre las previsiones presupuestarias y la evolución real de la economía.
Frente a este contexto, desde el Ejecutivo sostienen que la declaración de la emergencia constituye una herramienta clave para preservar el funcionamiento del Municipio, sostener el empleo y acompañar a la comunidad ante un escenario de creciente complejidad económica y social.