Ushuaia: el Ejecutivo municipal impulsa la declaración de la emergencia económica por seis meses
El Ejecutivo municipal de Ushuaia elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia Económica y Financiera en la ciudad por el plazo de seis meses, en un contexto marcado por la caída de recursos y demoras en la remisión de fondos coparticipables.
Según se desprende de la iniciativa, el Municipio enfrenta dificultades de liquidez y previsibilidad financiera debido a atrasos en las transferencias por parte del Gobierno provincial, que —de acuerdo a lo informado— superarían los 12 mil millones de pesos. Esta situación impacta de manera directa en la administración local y en la planificación de gastos.
El proyecto busca dotar al Ejecutivo de herramientas excepcionales para afrontar el escenario actual y garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Entre las medidas contempladas se incluyen la posibilidad de renegociar, adecuar o rescindir contratos y concesiones vigentes, así como la implementación de mecanismos de consolidación y refinanciación de deudas con proveedores. También prevé la reestructuración de partidas presupuestarias.
Asimismo, la iniciativa habilita al Municipio a gestionar nuevas fuentes de financiamiento y a readecuar el presupuesto vigente en función de la evolución de la economía. En paralelo, establece la suspensión de nuevas incorporaciones de personal, salvo en áreas consideradas esenciales y debidamente justificadas.
El secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, explicó que la medida responde a “una situación económica y financiera excepcional”, enmarcada en un contexto macroeconómico adverso que afecta la actividad local, la recaudación y la capacidad de gestión del Estado.
En ese sentido, el funcionario detalló que los ingresos por coparticipación registraron en enero de 2026 una caída nominal del 5% respecto al mismo mes del año anterior, lo que implica una pérdida real cercana al 38% del poder de financiamiento. Además, advirtió sobre demoras en la transferencia de esos fondos, que actualmente se estarían acreditando con un retraso de aproximadamente 40 días.
Iriarte también remarcó la necesidad de avanzar en una normativa que garantice la remisión automática y en tiempo de los recursos hacia los municipios, al señalar que la actual dinámica genera incertidumbre en la gestión financiera.
El panorama se completa con una retracción del consumo, una caída de la actividad económica y una pérdida del poder adquisitivo, factores que profundizan el desfasaje entre las variables proyectadas en el presupuesto y la evolución real de la economía.
Frente a este escenario, desde el Ejecutivo sostienen que la declaración de la emergencia constituye una herramienta clave para sostener el funcionamiento del Estado municipal, preservar el empleo y acompañar a la comunidad ante un contexto de creciente complejidad económica y social.