Se avanza con el cierre definitivo del programa ProCreAr
El Gobierno nacional resolvió avanzar con la disolución total del programa ProCreAr, iniciativa lanzada en 2012 para facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos con subsidio estatal. La medida fue formalizada mediante la Resolución 764/2025, difundida este lunes en el Boletín Oficial.
El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, será el encargado de coordinar el proceso de liquidación del fondo fiduciario que sustentaba el programa. En tanto, el Banco Hipotecario continuará cumpliendo funciones como administrador fiduciario hasta que se completen los procesos pendientes de cobro.
El Ejecutivo argumentó que la política de créditos subsidiados ya no se justifica, dado que la construcción de viviendas debe quedar en manos del sistema bancario tradicional. “No corresponde que el Estado intervenga en una tarea que puede ser llevada adelante por la banca pública o privada”, señalaron desde el entorno del ministro.
Como parte de los procedimientos administrativos, se autoriza la firma de un nuevo Contrato de Gestión de Créditos Individuales entre el Ministerio de Economía y el Banco Hipotecario. Además, los bienes inmuebles no comprometidos en contratos activos deberán ser transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), siguiendo lo estipulado por el decreto 1018/2024.
Por otro lado, se aclaró que los compromisos ya asumidos se mantendrán sin modificaciones, respetando las condiciones establecidas en los contratos originales con los beneficiarios del programa.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado la decisión al mencionar que el plan Procrear, tal como se conocía, sería eliminado. También anunció que se habilitarán las llamadas “hipotecas divisibles”, una herramienta que busca dinamizar la inversión en desarrollos inmobiliarios.
Desde la Secretaría de Obras Públicas se coordinará la correcta disposición de los activos vinculados al fondo. Además, la Subsecretaría Legal fue instruida para asumir la representación en cualquier instancia judicial que surja a partir del proceso de liquidación.
Finalmente, desde el Ministerio reconocieron que los desafíos para acceder a una vivienda en Argentina persisten, especialmente en un contexto marcado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, consideraron que la política habitacional debe reorientarse y dejar de depender de fondos estatales.