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Río Grande intensifica el retiro de chatarra y autos abandonados para mejorar el entorno urbano

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El Municipio de Río Grande, mediante la Secretaría de Gestión Ciudadana, puso en marcha una nueva fase del plan de retiro de chatarra y residuos metálicos, que incluye el levantamiento de vehículos en desuso y estructuras abandonadas en distintos barrios de la ciudad. Todo el material recolectado es trasladado al Relleno Sanitario Municipal, en el marco de una política que busca ordenar el espacio público y reducir la contaminación ambiental.

Desde junio de 2024, el programa permitió retirar 195 vehículos y carrocerías que se encontraban abandonados y notificar a 370 propietarios por situaciones irregulares, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N.º 2626/2008. Esta normativa otorga un plazo de cinco días hábiles a los dueños para retirar el vehículo tras la notificación; de no hacerlo, el Municipio está facultado para trasladarlo al Corralón Municipal y definir su disposición final.

El director general de Prevención y Seguridad Ciudadana, Agustín Colombera, destacó que este operativo “no sólo busca la descontaminación visual y ambiental de Río Grande, sino también mejorar la convivencia vecinal y la seguridad vial”. Según precisó, las denuncias y reclamos que impulsan este trabajo provienen, en su mayoría, de la línea 147, donde los vecinos comunican casos de vehículos abandonados o focos de acumulación de chatarra.

Colombera señaló además que “cada retiro representa una mejora concreta para el barrio, ya que se eliminan posibles focos de contaminación y se recuperan espacios públicos para el disfrute de la comunidad”.

Estas acciones se enmarcan dentro del plan de gestión ambiental y ordenamiento urbano que lleva adelante la gestión municipal, con el objetivo de consolidar una ciudad más limpia, segura y sustentable, promoviendo la participación ciudadana como pilar fundamental en el cuidado del entorno común.

Con este programa sostenido, Río Grande reafirma su compromiso con el medioambiente y la calidad de vida de sus habitantes, impulsando políticas públicas que fortalecen la responsabilidad compartida entre el Estado y la comunidad.

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