Rechazo provincial a la intervención del Puerto de Ushuaia: denuncian ataque a la autonomía y presión institucional
El presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, cuestionó con dureza la decisión del Gobierno Nacional de intervenir el Puerto de Ushuaia, al considerar que la medida “carece de coherencia jurídica y técnica” y constituye un grave ataque a la autonomía provincial.
Según expresó el funcionario, la resolución nacional presenta contradicciones internas que dejan en evidencia —afirmó— un intento de forzar una intervención administrativa sin fundamentos reales. En ese sentido, explicó que, por un lado, se dispone la suspensión de la habilitación del puerto y la intervención en su gestión operativa, técnica y administrativa, pero en otro artículo de la misma resolución se suspende la sanción de inhabilitación “para no afectar la operatoria portuaria”.
“Si existieran verdaderas falencias edilicias o de seguridad, la decisión responsable sería la inhabilitación inmediata para proteger la integridad de las operaciones. Sin embargo, aquí ocurre lo contrario: se anuncia la inhabilitación como excusa para intervenir, y luego se permite seguir operando. Esto revela un artilugio legal para justificar una medida arbitraria”, sostuvo Murcia.
El titular del organismo portuario remarcó además que el Puerto de Ushuaia funciona con normalidad, registra récords de recaladas y cumple con estándares internacionales de seguridad y operación. “Las principales navieras y líneas de cruceros del mundo eligen Ushuaia por la confiabilidad de sus servicios. Si existieran riesgos reales, estas empresas no operarían en el puerto. La resolución desconoce la realidad y configura una forma de presión institucional inaceptable”, afirmó.
Finalmente, Murcia confirmó que la Dirección Provincial de Puertos, junto al Gobierno de la provincia, avanzará con acciones administrativas y judiciales para revertir la medida. “Vamos a defender la autonomía provincial y el desarrollo económico de Tierra del Fuego. No vamos a permitir que se utilicen falsos argumentos técnicos como cobertura para una intervención arbitraria”, concluyó.