Querellantes del caso ARA San Juan denuncian una «operación mediática» antes del veredicto
Las abogadas que representan a familiares de las víctimas advirtieron sobre una presunta presión sobre el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz. Sostienen que algunos medios buscan instalar que no existen pruebas suficientes para condenar a los acusados por el hundimiento del submarino.

Las abogadas querellantes en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan denunciaron una supuesta presión mediática y política sobre el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que en los próximos días deberá dictar sentencia por la muerte de los 44 tripulantes del submarino.
Valeria Carreras y Lorena Arias afirmaron que existe una «operación mediática» destinada a instalar la idea de que no se conoce con certeza qué ocurrió y, por lo tanto, no deberían dictarse condenas contra los acusados.
«A pocos días del veredicto, distintos medios nacionales vienen replicando los argumentos de las defensas. No es casualidad. Es presión y la denunciamos», expresó Carreras en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.
Las letradas sostuvieron que la prueba reunida durante la investigación es «contundente» y recordaron que ya fue analizada en distintas instancias judiciales. Señalaron que los procesamientos dictados en enero de 2020 fueron confirmados posteriormente por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y destacaron que el propio Consejo de Guerra de la Armada encontró elementos suficientes para sancionar a oficiales superiores.
En ese sentido, remarcaron que no hacen falta nuevas pruebas, sino que el tribunal resuelva la causa sin verse influenciado por presiones externas.
También cuestionaron la estrategia adoptada por las defensas a lo largo del proceso judicial. Según indicaron, con el paso del tiempo fueron modificando las hipótesis sobre las causas del hundimiento, atribuyendo la responsabilidad a una falla técnica, a la tripulación e incluso al comandante fallecido.
El juicio comenzó en marzo de este año y busca establecer la responsabilidad penal de cuatro ex altos mandos de la Armada: Luis López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval; Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos; Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Correa, ex jefe del Departamento de Operaciones.
La investigación intenta determinar si los imputados autorizaron la navegación del submarino pese a las deficiencias técnicas y controles pendientes que presentaba la embarcación antes de zarpar.
Finalmente, las querellantes señalaron que representan a familiares y suboficiales que desde hace más de ocho años reclaman justicia. «Este juicio no es contra la Armada. Es por 44 hombres que integraban la fuerza y que perdieron la vida por decisiones y omisiones de sus superiores. El mar no los hundió. Fueron los hombres. Y deben ser condenados», concluyeron.
