Argentina adhirió al acuerdo internacional que refuerza la lucha contra la pesca ilegal
La Cámara de Diputados convirtió en ley la adhesión al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), impulsado por la FAO. La norma fortalece los controles sobre buques pesqueros, permite bloquear operaciones de embarcaciones vinculadas a la pesca ilegal y suma al país a un sistema internacional integrado por más de 85 Estados.
La Cámara de Diputados convirtió en ley la adhesión de la Argentina al Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (AMERP), un tratado internacional impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que busca combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). La iniciativa fue aprobada por unanimidad con 228 votos afirmativos y permitirá al país incorporarse a un sistema de cooperación internacional del que ya forman parte más de 85 Estados.
La pesca ilegal representa una de las principales amenazas para la conservación de los recursos marinos y la sostenibilidad de la actividad pesquera. Según estimaciones internacionales, una de cada cinco capturas proviene de actividades ilegales o irregulares, mientras que más de un tercio de las poblaciones de peces del planeta se encuentran sometidas a niveles de explotación biológicamente insostenibles.
El AMERP apunta a impedir que las capturas obtenidas de manera ilícita ingresen al circuito comercial internacional. Para ello, fortalece los controles en los puertos y otorga a los Estados herramientas para negar el ingreso o restringir las operaciones de embarcaciones sospechadas de haber participado en actividades ilegales.
Con la entrada en vigencia de la ley, los buques pesqueros extranjeros deberán presentar información detallada antes de solicitar el ingreso a puertos argentinos, incluyendo licencias de pesca, historial de transbordos y el detalle de las especies transportadas. Si las autoridades detectan irregularidades o antecedentes vinculados a la pesca ilegal, podrán denegar el acceso a la terminal portuaria.
En caso de comprobarse infracciones una vez que la embarcación ya se encuentre en el puerto, el tratado prevé la prohibición de descargar mercadería, realizar transbordos, reabastecer combustible o acceder a servicios de mantenimiento y aprovisionamiento, con el objetivo de impedir la comercialización de las capturas obtenidas de forma ilegal.
La adhesión también permitirá a la Argentina incorporarse al Sistema Mundial de Intercambio de Información (GIES), una plataforma desarrollada por la FAO que facilita el intercambio de datos entre los países miembros sobre inspecciones, infracciones y embarcaciones involucradas en actividades ilícitas.
Para el país, la incorporación al acuerdo adquiere especial relevancia por la importancia estratégica del Atlántico Sudoccidental y sus recursos pesqueros, entre ellos el calamar argentino, una de las especies de mayor valor comercial de la región.
Tras la sanción de la norma, la representación de la FAO en Argentina destacó que la adhesión fortalecerá los mecanismos de fiscalización y contribuirá a proteger los recursos marinos, además de mejorar el control sobre el cumplimiento de normas vinculadas a la seguridad, las condiciones laborales y la protección ambiental.
Durante el debate parlamentario también surgieron planteos sobre la necesidad de avanzar en una legislación más estricta para sancionar la pesca ilegal. En ese sentido, algunos legisladores señalaron que las multas económicas resultan insuficientes y propusieron incorporar este tipo de delitos al Código Penal con penas de prisión para quienes depreden los recursos del mar argentino.