Qué cambia con la Ley de Inocencia Fiscal y cómo impacta en el régimen tributario
Con una votación ajustada —43 votos a favor y 26 en contra— el Senado aprobó la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa impulsada por el Gobierno que introduce modificaciones profundas en el sistema tributario argentino. La norma apunta a incentivar la regularización de capitales no declarados y redefine aspectos centrales de la Ley Penal Tributaria, los procedimientos fiscales y el impuesto a las Ganancias.
Entre los ejes del nuevo régimen se destaca la implementación de una declaración jurada simplificada, que permitirá a los contribuyentes adherir a un esquema con menores exigencias informativas. Quienes ingresen al sistema y cumplan con las condiciones fijadas por la ex AFIP —actualmente ARCA— accederán a lo que el Gobierno denomina un “blindaje permanente”, que los exime de justificar variaciones patrimoniales y consumos personales.
La ley fija un tope patrimonial de hasta 10.000 millones de pesos para poder adherir y elimina la obligación de informar determinados movimientos de dinero. A cambio, el impuesto a las Ganancias se liquidará únicamente sobre los ingresos facturados, sin considerar incrementos patrimoniales. El artículo 39 establece que, una vez aceptada la declaración y abonado el monto correspondiente en término, el pago tendrá efecto liberatorio, salvo que se compruebe la omisión de ingresos.
Uno de los puntos más relevantes —y debatidos— es la actualización de los montos que definen la evasión tributaria. A partir de la nueva normativa, se considerará evasión simple cuando el monto supere los 100 millones de pesos, muy por encima del umbral anterior de 1,5 millones. En el caso de la evasión agravada, el piso se eleva de 15 millones a 1.000 millones de pesos.
Además, la ley reduce el plazo de prescripción de las deudas tributarias de cinco a tres años. En aquellos casos en los que no se haya iniciado una denuncia penal, esta podrá extinguirse si el contribuyente cancela la totalidad de la deuda más un recargo del 50% dentro de los 30 días posteriores a la notificación.
Si bien el nuevo esquema flexibiliza controles y eleva los umbrales penales, también incrementa las sanciones económicas para quienes presenten declaraciones juradas fuera de término. Desde el Gobierno sostienen que el objetivo central es simplificar el sistema, reducir la litigiosidad y atraer capitales no declarados a la economía formal.
La aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal abre así una nueva etapa en la política tributaria, con cambios que prometen facilitar la regularización, pero que también generan debate sobre el equilibrio entre incentivos, control fiscal y equidad impositiva.