Profesionales de la salud advierten por la crisis del sistema público en Tierra del Fuego y reclaman respuestas al Gobierno
A casi un mes del inicio de las medidas de fuerza por parte del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Tierra del Fuego (SIPROSA), el conflicto con el Gobierno provincial sigue sin resolverse. Desde el 17 de marzo, los reclamos se han intensificado con acciones directas, sin que hasta el momento haya avances concretos en materia de recomposición salarial.
El gremio denuncia que los aumentos otorgados en el primer tramo de las paritarias resultaron insuficientes, y que además no se aplicaron al salario básico, lo que perpetúa una estructura salarial que consideran obsoleta y desigual. En este contexto, remarcan que el número de médicos en la provincia ha disminuido considerablemente: de los casi 400 profesionales que había a fines de 2022, hoy quedan alrededor de 300, duplicando la carga laboral para quienes permanecen en el sistema.
Según advierten, la salud pública fueguina atraviesa una situación crítica, con una creciente precarización laboral, contratos temporales y servicios tercerizados que, en lugar de fortalecer el sistema, lo debilitan aún más. «No hay políticas estructurales, solo parches», sostienen.
En su pronunciamiento, el SIPROSA también apuntó contra el proyecto de reforma de la ley de la obra social, debatido en la Legislatura, al considerar que profundiza la crisis al cargar mayores aportes sobre los trabajadores mientras se beneficia a un reducido grupo de empresarios del sector privado.
El sindicato pone el foco en la falta de inversión real en el recurso humano y la ausencia de políticas claras para atraer y retener profesionales. «No hay incentivos, ni carrera sanitaria definida, y los salarios están por debajo de la canasta básica», aseguran. También alertan sobre el aislamiento geográfico de la provincia, que agrava los costos y limita el acceso a servicios, en un contexto económico nacional adverso.
Por último, el documento exige al Ejecutivo provincial un gesto claro de apertura al diálogo, la convocatoria a negociaciones paritarias y un compromiso público con la sostenibilidad del sistema sanitario. «La salud es un derecho constitucional. No pedimos milagros, pedimos respuestas», concluye el comunicado.