Preocupación en la Patagonia: productores rurales avanzan con amparos contra la flexibilización de la barrera sanitaria
Ante la persistencia de la Resolución 460 del Gobierno Nacional, que flexibiliza los controles de la histórica barrera sanitaria en la Patagonia, productores ganaderos de la región han comenzado a presentar acciones legales para frenar lo que consideran un serio retroceso sanitario. Lucila Apollinaire, presidenta de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, confirmó que varias provincias ya iniciaron amparos, y que su entidad se sumará en los próximos días.
Apollinaire advirtió que esta flexibilización pone en riesgo el estatus sanitario diferenciado que durante años permitió a los productores patagónicos acceder a mercados de alto valor como Chile y la Unión Europea. “Estamos ante una decisión que desprotege a toda la región y compromete nuestras exportaciones. Chile, por ejemplo, ya suspendió la importación de animales en pie, y la UE podría seguir el mismo camino”, alertó.
Desde el sector rural sostienen que detrás de la medida hay un intento por favorecer a frigoríficos del norte del país que buscan colocar carne con hueso —producto no apto para mercados exigentes— en el sur argentino. “Eso pone en juego la sanidad de nuestra producción y la posibilidad de mantener los mercados internacionales que tanto costó construir”, explicó Apollinaire.
La dirigente fueguina también cuestionó el argumento oficial que sugiere que la decisión favorecería a los consumidores del sur bajando el precio de la carne. “No fue así. Lo que llegó a los comercios fue carne de baja calidad: cortes con exceso de grasa y hueso que no justifican el precio. El consumidor puede elegir, pero no se le está ofreciendo carne de calidad”, afirmó.
En relación a las medidas judiciales, Apollinaire detalló que tres provincias ya avanzaron con presentaciones y que Tierra del Fuego está en proceso de hacer lo mismo. “Nosotros no queremos que todo el esfuerzo de años se vea arruinado por una decisión tomada desde un escritorio, sin consultar a quienes trabajamos en el territorio”, remarcó.
Finalmente, expresó su preocupación por la falta de respaldo técnico en la implementación de la resolución. “Muchos profesionales de la sanidad reconocen los riesgos de esta medida, pero siguen órdenes del Ministerio de Economía. Esto no se está decidiendo con criterios sanitarios, sino comerciales”, concluyó.