Polémicas judiciales rodean el caso de presunta mala praxis en el Sanatorio Fueguino
El caso de la muerte de Víctor Marcelo Fernández, atribuida a una presunta mala praxis en el Sanatorio Fueguino, ha derivado en una compleja trama de denuncias cruzadas que involucra a la fiscal Laura Urquiza, al juez Raúl Nadim Sahade y al fiscal Ariel Pinno, en un nuevo escándalo que sacude al ámbito judicial de Tierra del Fuego.
Denuncias contra la instrucción del caso
Laura Urquiza, fiscal provincial, presentó una denuncia señalando supuestas irregularidades en la instrucción del caso. Entre sus críticas, mencionó la falta de secuestro de la hoja de anestesia durante el allanamiento a la clínica, un documento clave que no se encontraba al momento del procedimiento. Según Urquiza, esta medida se retrasó debido a la incertidumbre inicial sobre qué fiscal debía intervenir, luego de que ella misma declinara tomar el caso el pasado 18 de octubre.
Un vínculo controvertido en el caso
A las acusaciones de Urquiza se sumó la denuncia del abogado querellante, José Luis Álvarez, representante de la viuda de Fernández, quien también dirigió sus críticas hacia el juez Sahade. Sin embargo, lo que ha generado cuestionamientos es la relación personal entre Álvarez y la fiscal Urquiza, quienes son pareja. Este vínculo ha levantado sospechas sobre la imparcialidad en el manejo del caso, sembrando dudas sobre la transparencia del proceso.
El clamor por justicia de la familia
Mientras tanto, la familia de Víctor Marcelo Fernández continúa exigiendo justicia y esclarecimiento sobre las circunstancias que llevaron a su fallecimiento. Su lucha por respuestas se ve enmarcada en un contexto de tensiones judiciales, donde las denuncias cruzadas entre los actores del caso amenazan con desviar la atención del tema principal: la presunta negligencia médica.
La respuesta de la Justicia
En medio de esta polémica, queda por verse cómo avanzará el caso en términos legales. Las denuncias internas y las relaciones personales entre los implicados plantean nuevos desafíos para garantizar un proceso justo y objetivo, algo que tanto la familia del fallecido como la sociedad en general demandan con urgencia.
El caso, que comenzó con un reclamo por justicia, se ha transformado en un escenario complejo donde las disputas judiciales parecen opacar el propósito original.