Polémica en Tierra del Fuego: abogado acusa al Estado de violar derechos de propiedad en fallo de desalojo
El abogado Miguel Febré, representante legal de la empresa Transportes ROANMAT SRL, brindó detalles sobre el recurso federal que presentó ante la Corte Suprema, con la intención de revertir el fallo del Superior Tribunal de Justicia que ordena desalojar las Termas del río Valdez en un plazo de cinco días hábiles. Febré dirigió sus críticas al juez Ernesto Löffler, quien fundamentó el fallo, cuestionando su capacidad para distinguir entre bienes públicos y privados.
En una entrevista con Radio Provincia, Febré explicó que, tras agotar todas las instancias previas, lo que corresponde es presentar el recurso federal ante la Corte Suprema. Señaló que el fallo está basado en la Ley 17.091, que permite la rápida recuperación de predios de dominio público, pero subrayó que este no es el caso, ya que las termas y el predio donde se encuentran son propiedad de la empresa.
El abogado también criticó el lanzamiento de 2002, el cual, según él, fue aceptado por impericia de los abogados de entonces, quienes consideraron erróneamente que se trataba de bienes públicos. Febré afirmó que, en realidad, estos bienes pertenecen al dominio privado, lo que implica que el proceso judicial debería haber seguido un cauce distinto, con la intervención de la justicia civil.
Febré acusó al municipio de Tolhuin de negar injustificadamente el visado de los planos solicitados para iniciar un juicio de usucapión, proceso que permite adquirir la propiedad de un inmueble tras ocuparlo por más de 20 años. Argumentó que el municipio tiene la obligación de firmar los planos, independientemente de la titularidad del inmueble, ya que es la justicia quien debe determinarla.
El abogado también defendió la labor de la empresa, argumentando que esta no pudo llevar a cabo las inversiones necesarias debido a la falta de aprobación de los planos y a otras trabas administrativas. Aseguró que la compañía construyó los caminos, puentes y piletas del lugar, y que, en cambio, el Estado no ha cumplido con su parte.
Sobre el desalojo, Febré expresó su sorpresa por la postura del juez Löffler, quien ha confirmado que el procedimiento podría llevarse a cabo, incluso con la presentación del recurso federal. El abogado enfatizó que esto constituye una violación de derechos constitucionales y advirtió sobre las implicaciones a nivel nacional e internacional.
Finalmente, Febré concluyó que el Estado está excediendo sus facultades al apropiarse de bienes privados, y que el recurso ante la Corte Suprema busca poner fin a estas irregularidades. También mencionó la posibilidad de llevar el caso a instancias internacionales si es necesario.