Fiscalía pide avanzar en la investigación por torturas en Malvinas, involucrando a altos mandos militares
En un nuevo desarrollo del caso de torturas en las Islas Malvinas, el fiscal federal, Rapoport, ha solicitado la detención de diez oficiales que ocupaban cargos de liderazgo en la Brigada de Infantería III y el Regimiento de Infantería 4. Estos imputados son acusados de haber participado en actos de tortura contra tres soldados conscriptos, que incluyeron métodos brutales como el “estaqueamiento”.
Rapoport destacó que los actos de tortura no fueron incidentes aislados, sino parte de un patrón sistemático empleado por las autoridades militares para manejar la desmotivación de las tropas, exacerbada por la escasez de alimentos y abrigo. “La falta deliberada de víveres no solo creó condiciones inhumanas, sino que también fue un factor determinante en las muertes de algunos soldados”, añadió el fiscal.
Según las acusaciones, las autoridades militares en las islas perpetraron múltiples formas de tortura, entre ellas atar a los soldados por sus extremidades y sumergirlos en aguas frías. Se ha alegado, además, que algunos soldados de origen judío fueron objeto de un trato especialmente cruel. La causa, que se originó en 2006 a raíz de una denuncia de un exsoldado, ha estado estancada desde mayo de 2021, a la espera de decisiones por parte de la Corte Suprema tras un fallo controvertido de la Cámara Federal de Casación Penal.
Los incidentes documentados por el fiscal incluyen un episodio en el que dos soldados fueron estaqueados como castigo después de que uno de ellos se quedara dormido por la falta de alimento. Las víctimas, capturadas durante el conflicto, regresaron al continente y fueron obligadas a firmar acuerdos de silencio sobre los abusos que sufrieron.
Un tercer soldado ha relatado su experiencia de tortura, en la que fue atado en condiciones extremas y sometido a insultos y maltratos debido a su origen indígena. “Pasé cinco horas atado en una roca, soportando nieve y lluvia”, testimonió.
El proceso judicial ha experimentado altibajos. Aunque la causa recibió impulso con la desclasificación de documentos militares en 2015, el avance se ha visto obstaculizado por decisiones que clasificaron ciertos crímenes como no constitutivos de lesa humanidad, un dictamen que el fiscal y los demandantes han apelado ante la Corte Suprema.
El contexto actual sugiere que, a pesar de la disposición de la fiscalía para avanzar, las decisiones judiciales han dejado en suspenso los procedimientos contra otros imputados, mientras se espera la resolución definitiva sobre la naturaleza de los delitos cometidos.
Este escenario subraya la lucha por justicia y reconocimiento de las atrocidades que ocurrieron durante el conflicto en Malvinas, mientras se vislumbran esfuerzos renovados para abordar los crímenes y el sufrimiento de los soldados involucrados.