Pesca en Malvinas: un fracaso repetido y una advertencia sobre la soberanía usurpada
Una vez más, la campaña de pesca del calamar loligo en aguas circundantes a las Islas Malvinas —ocupadas ilegalmente por el Reino Unido desde 1833— enfrenta resultados adversos, lejos de las proyecciones optimistas sostenidas por sectores pesqueros europeos. Según un reciente informe publicado por medios especializados de Galicia, como Faro de Vigo, el rendimiento de la campaña 2025 estaría marcando mínimos históricos, al punto que ya se advierte sobre un cierre anticipado del caladero.
Detrás de este escenario no solo hay un problema ambiental o de manejo técnico, sino una situación profundamente política: el sostenimiento de un régimen colonial que administra ilegalmente recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur, otorgando licencias de pesca sin control soberano alguno por parte de nuestro país.
El archipiélago malvinense, cuya soberanía Argentina no solo reclama sino que sostiene legítimamente a través del derecho internacional, continúa siendo explotado por empresas extranjeras con base en Vigo, Marín y otros puertos europeos. La fragilidad de esta pesquería no es nueva, pero el retroceso biológico y económico de esta temporada evidencia una verdad incómoda: la administración británica en Malvinas carece de capacidad científica y ambiental para asegurar la sustentabilidad del recurso, en contraste con lo que ocurre en la Zona Económica Exclusiva Argentina, donde el INIDEP desarrolla relevamientos sistemáticos y estrategias de manejo con base científica.
Los resultados son claros. Mientras el sistema argentino procura racionalidad y control sobre los esfuerzos de pesca, en Malvinas se aplican criterios volátiles, sostenidos más por la presión empresarial y el lobby pesquero que por verdaderas políticas de conservación. La campaña arrancó tarde, con escasa biomasa detectada, y los barcos operan con rendimientos muy por debajo de los esperados. De hecho, el desembarque total apenas ronda las 22.000 toneladas, una cifra que está por debajo de los promedios históricos y de las ilusorias proyecciones iniciales de 45.000 toneladas.
A eso se suma el creciente costo logístico de operar en una zona alejada, hostil y dependiente de infraestructuras limitadas, como quedó demostrado con la avería sufrida por el buque Hadassa Bay, que tuvo que ingresar a Montevideo remolcado en su primer marea, con un motor de 5.000 HP recién estrenado.
Mientras tanto, la Argentina sostiene su histórica posición en foros internacionales: las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes son parte integral de su territorio nacional. La explotación unilateral de sus recursos naturales por parte del Reino Unido constituye una violación permanente de la soberanía nacional y del derecho internacional.
La degradación biológica de los caladeros bajo control británico, la ineficiencia del sistema pesquero implementado en las islas y la precariedad científica que lo sostiene, vuelven a dejar en evidencia que no solo se trata de una cuestión política, sino también ambiental, económica y estratégica.
Sostener la soberanía argentina sobre Malvinas no es una postura simbólica ni un reclamo romántico del pasado: es una necesidad urgente en defensa de los recursos, de nuestro mar, de nuestros trabajadores y del futuro productivo de la Nación. Porque sin soberanía no hay desarrollo, y sin control real sobre el Atlántico Sur, seguiremos observando cómo otros saquean lo que por derecho nos pertenece.