Murcia cuestionó a la ANPyN y aseguró que el puerto de Ushuaia cumple con las normas de seguridad
El presidente del Puerto de Ushuaia, Roberto Murcia, rechazó las afirmaciones de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y sostuvo que “no se corresponden en absoluto con la realidad”, al referirse a cuestionamientos sobre la seguridad de la terminal portuaria.
Las declaraciones del funcionario se dieron luego de que se conociera un documento emitido por la Prefectura Naval Argentina, que certifica el cumplimiento de las normas de seguridad en el puerto. Se trata de la “Declaración de Cumplimiento de Instalación Portuaria”, emitida el 14 de enero de 2026 en el marco del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, con vigencia hasta 2029.
Según ese informe, la terminal opera bajo un Plan de Protección aprobado, requisito indispensable para la actividad marítima internacional. Murcia explicó que la inspección fue realizada un día antes de la emisión del documento y que las observaciones detectadas —una cámara de seguridad y una cerradura electrónica— fueron solucionadas inmediatamente.
“El inspector verificó que todo estaba cumplido y contamos con el plan aprobado”, afirmó, y agregó que la inspección fue solicitada por la propia Dirección de Puertos.
El titular del puerto también remarcó que desde el inicio del conflicto se informó sobre la existencia del acta de inspección, y que tras la intervención se solicitó formalmente el certificado a la Prefectura, que entregó una copia mientras el original fue remitido a la ANPyN.
En relación a los cuestionamientos sobre la operatividad del puerto, Murcia señaló que “ningún capitán arriesgaría su matrícula ingresando a un puerto inseguro”, y destacó que la terminal cuenta con certificaciones internacionales. En ese sentido, subrayó que la mayoría de los buques que operan en Ushuaia son de bandera extranjera y se rigen por normativas internacionales que exigen estándares estrictos de seguridad.
Por último, indicó que el área jurídica del puerto trabaja junto al Gobierno provincial en el análisis del caso, en el marco de un proceso que continúa en curso. “Si las condiciones que motivaron la intervención fueran reales, no se podría haber recibido ningún barco”, concluyó.