El Gobierno avanza con la transferencia de rutas a las provincias y posterga la Ley de Lobby
El Gobierno nacional prepara nuevas reuniones con gobernadores para avanzar en la transferencia de rutas nacionales y la reactivación de obras de infraestructura, mientras deja en suspenso el proyecto de Ley de Lobby enviado al Congreso durante el escándalo que involucró al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. En la Casa Rosada reconocen que la iniciativa recibió cuestionamientos internos y aseguran que «no va a avanzar» en el corto plazo.
El Ejecutivo busca replicar el modelo aplicado con Santa Fe en la Ruta Nacional A012, mediante el cual las provincias asumen el financiamiento, mantenimiento y ejecución de obras, sin que el Estado nacional pierda la titularidad de los corredores. Cada convenio establecerá los plazos, las obligaciones de conservación, el esquema de financiamiento y las condiciones para una eventual concesión privada o el cobro de peajes.
Desde Nación sostienen que el objetivo es atraer inversiones privadas para administrar rutas con potencial económico, mientras que en los corredores con menor tránsito se analizarán alternativas de financiamiento junto a las provincias.
El antecedente inmediato es el acuerdo firmado con el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, por el cual la provincia gestionará durante 20 años la Ruta A012, haciéndose cargo de las obras y el mantenimiento, aunque la jurisdicción seguirá siendo nacional.
En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantendrá el 5 de agosto una reunión con autoridades de Catamarca y Santiago del Estero para analizar la reactivación de obras de infraestructura, entre ellas el acueducto de Albigasta y plantas potabilizadoras. Además, el Gobierno continúa negociando con otras provincias cuestiones vinculadas a infraestructura, deudas previsionales, fondos y futuras reformas que pretende impulsar en el Congreso.
Si bien desde la Casa Rosada aseguran que estas negociaciones no están condicionadas por acuerdos electorales, admiten que avanzan en paralelo con las conversaciones para impulsar la reforma electoral y una eventual suspensión o eliminación de las PASO.
En ese contexto, el oficialismo también decidió dejar de lado, al menos por ahora, el proyecto de Ley de Lobby. Según admitieron fuentes oficiales, la propuesta recibió críticas por no ajustarse a estándares internacionales en aspectos como el registro de gestores de intereses, las obligaciones de transparencia y el régimen de sanciones.
