Melella vetó la derogación de la reforma constitucional y frenó cambios en la coparticipación
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, oficializó este viernes dos vetos totales que vuelven a profundizar la tensión política e institucional con sectores de la oposición y los municipios fueguinos.
A través de los decretos 0865/26 y 0866/26, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto dos leyes aprobadas por la Legislatura el pasado 30 de abril, una vinculada al proceso de reforma constitucional y otra relacionada con el sistema de transferencias automáticas de fondos hacia los municipios.
Veto a la derogación de la Reforma Constitucional
El primero de los vetos recayó sobre la ley que derogaba la norma provincial 1529, mediante la cual se había declarado la necesidad de la reforma parcial de la Constitución fueguina.
Desde el Ejecutivo argumentaron que el proceso constituyente “ya se encuentra actualmente en curso y con efectos jurídicos plenamente operativos”, sosteniendo que la Legislatura no puede revertir una convocatoria una vez iniciado el cronograma electoral.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno provincial afirmó que la derogación afectaba “la seguridad jurídica” y comprometía derechos políticos vinculados a la elección de convencionales constituyentes. Además, cuestionó que la iniciativa legislativa pretendiera aplicar efectos retroactivos sobre actos administrativos ya vigentes.
La decisión ratifica la postura del oficialismo de sostener el proceso de reforma constitucional pese al rechazo opositor y a la controversia judicial que rodea la iniciativa. El decreto recuerda incluso que el Ejecutivo ya había convocado formalmente a elecciones de convencionales mediante el decreto 751/26.
Objeciones al sistema de “goteo diario”
El segundo veto alcanzó al proyecto denominado “Sistema de Transferencias de Liquidación Automática a los Municipios”, impulsado para establecer mecanismos automáticos de envío de fondos provinciales a las administraciones municipales.
Desde Casa de Gobierno señalaron que el régimen proponía un “automatismo rígido” que limitaba el manejo financiero del Ejecutivo provincial y podía generar “riesgos ciertos de transferencias indebidas”, afectando recursos específicos de la Provincia.
El decreto también cuestionó las sanciones económicas personales previstas para funcionarios en caso de incumplimientos, incluyendo eventuales retenciones salariales. Según el Gobierno, ese esquema “conculca abiertamente garantías fundamentales” contempladas en la Constitución Nacional y en la Constitución fueguina.
Otro de los argumentos expuestos por el Ejecutivo fue el complejo contexto económico derivado de la caída de recursos nacionales. En ese sentido, el Gobierno sostuvo que resulta necesario “analizar prudencialmente” cualquier medida que pueda comprometer el financiamiento de servicios esenciales.
En ambos expedientes, el Ejecutivo aseguró contar con respaldo técnico, legal y contable elaborado por distintas áreas del Gobierno, entre ellas la Secretaría Legal y Técnica, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete.
Las decisiones vuelven a marcar un escenario de fuerte confrontación institucional entre el oficialismo y sectores opositores dentro de la Legislatura provincial, en medio de un debate cada vez más intenso sobre la reforma constitucional y la distribución de recursos públicos en la provincia.