Política

Más de 300 intendentes reclaman al Gobierno la restitución de fondos para transporte, educación y discapacidad

Más de 300 intendentes de distintos puntos del país realizaron un fuerte reclamo al Gobierno nacional para exigir la restitución de fondos destinados al transporte público, la educación y el sistema de discapacidad, en el marco de un encuentro del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) realizado en la ciudad de Rosario.

La convocatoria reunió a jefes comunales de diversas fuerzas políticas y contó además con la presencia de varios gobernadores, lo que elevó el tono político del planteo y reforzó la idea de un reclamo conjunto desde los gobiernos locales hacia la administración nacional.

A través de un comunicado, los intendentes advirtieron que la retención de estos recursos no puede ser interpretada como una medida de ahorro fiscal, sino como un incumplimiento de la normativa vigente que impacta directamente en la capacidad de gestión de municipios y provincias. En ese sentido, señalaron que el equilibrio de las cuentas públicas “no puede sostenerse a costa del desfinanciamiento de los servicios esenciales”.

El documento también puso el foco en el funcionamiento del sistema federal argentino, al que los jefes comunales definieron como un principio que debe respetarse en la distribución de recursos. Según plantearon, los municipios son quienes enfrentan en el territorio la demanda diaria de transporte, educación, salud y asistencia social, por lo que reclamaron una mayor participación en los fondos nacionales.

Entre los pedidos concretos, solicitaron la coparticipación de tributos como el impuesto a los combustibles, cuyos recursos —según afirmaron— no están siendo distribuidos en su totalidad hacia las jurisdicciones locales. También exigieron la reactivación de partidas retenidas y una revisión del esquema de financiamiento vigente.

El encuentro concluyó con la intención de dar continuidad al reclamo mediante proyectos legislativos y nuevas instancias de diálogo con el Gobierno nacional, bajo el argumento de que la actual situación financiera de los municipios compromete la prestación de servicios básicos en todo el país.

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