La Legislatura aprobó congelar tarifas y prohibir cortes de servicios, pero la ley podría terminar judicializada
La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó una ley que prohíbe los cortes de servicios esenciales durante el invierno y ordena retrotraer las tarifas de electricidad y agua potable a los valores vigentes en diciembre de 2025. Una medida políticamente potente y socialmente atractiva. El problema, pequeño detalle administrativo de la civilización moderna, es que podría chocar de frente contra normas nacionales, contratos federales y la matemática básica.
La iniciativa fue aprobada durante la segunda sesión ordinaria con el respaldo del bloque oficialista de FORJA y gran parte de la oposición. Acompañaron legisladores del PJ, MPF, Somos Fueguinos, Provincia Grande, Partido Verde y Sumemos Tolhuin. Los únicos votos en contra fueron los de las legisladoras de La Libertad Avanza, Natalia Gracianía y María Laura Selzer.
La norma establece que no podrán realizarse cortes de luz, agua ni gas por falta de pago durante el período invernal, además de impedir el retiro de medidores y la suspensión de conexiones. También dispone congelar parcialmente las tarifas de electricidad y agua retrotrayéndolas al cuadro tarifario vigente a diciembre de 2025.
Sin embargo, el proyecto abrió una fuerte discusión jurídica y financiera. En el caso del gas natural, el servicio se encuentra regulado por el Estado nacional bajo la órbita del ENARGAS y mediante concesiones federales otorgadas a Camuzzi Gas del Sur. Por ese motivo, distintos sectores sostienen que la Provincia no tendría facultades para modificar unilateralmente las condiciones de suspensión del servicio ni el régimen contractual vigente.
La situación tampoco sería sencilla con la energía eléctrica. Parte del costo que afronta la Dirección Provincial de Energía depende del precio mayorista fijado por Nación a través de CAMMESA y la Secretaría de Energía. La ley, sin embargo, no establece subsidios ni mecanismos financieros para cubrir la diferencia entre el valor real del servicio y el monto congelado que deberían pagar los usuarios.
Especialistas advierten que esto podría incrementar el déficit operativo de organismos como la DPE y la DPOSS, o trasladar directamente el costo al Tesoro provincial, en un contexto económico ya complejo para las cuentas públicas fueguinas.
Además, la ley incorpora modificaciones sobre los mecanismos de actualización tarifaria y plantea que los cuadros tarifarios sometidos a audiencia pública deban ser remitidos también a la Legislatura, lo que podría entrar en conflicto con los sistemas automáticos de actualización vigentes desde fines de 2024.
Mientras tanto, organismos técnicos provinciales vienen sosteniendo desde hace meses que la inflación y el aumento de costos operativos vuelven indispensable actualizar ingresos para sostener infraestructura, mantenimiento y prestación de servicios básicos.
Ahora el escenario queda abierto a dos posibilidades: un eventual veto del Poder Ejecutivo o una judicialización impulsada por empresas prestatarias o entes reguladores. Si el Ejecutivo decide vetarla, la Legislatura todavía podría insistir con la sanción definitiva reuniendo al menos diez votos. Porque en Argentina hasta prender la estufa puede terminar convertido en una batalla institucional.