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Más de $1 millón podría ser la multa por publicitar Malvinas con topónimo inglés

En el marco de una normativa vigente que prohíbe el uso de denominaciones extranjeras para referirse a las Islas Malvinas, se presentó un proyecto que propone sanciones económicas para aquellas empresas de turismo que incumplan esta disposición. La iniciativa busca reforzar el cumplimiento de la ordenanza existente mediante la aplicación de multas de hasta un millón de pesos.

El proyecto surge como respuesta a denuncias de vecinos que detectaron la utilización del término en inglés en publicidades de viajes a Malvinas. Se considera que esta práctica, además de incumplir la normativa, constituye una falta de respeto hacia la memoria de los caídos y al sentimiento malvinense, fuertemente arraigado en la comunidad.

La propuesta establece sanciones progresivas, con montos que oscilan entre 700 y 1.200 Unidades Fijas a Aplicar (UFA), lo que equivale a valores cercanos a un millón de pesos. Se ha planteado la posibilidad de incrementar estos montos en función de la gravedad de la infracción y de la reincidencia de las empresas infractoras.

Desde la Municipalidad de Ushuaia se ha notificado previamente a las agencias de viajes sobre la prohibición del uso de topónimos en otro idioma para referirse a las islas. Sin embargo, se considera que la falta de un régimen sancionatorio efectivo ha permitido que algunas empresas continúen con esta práctica.

El proyecto también se alinea con precedentes judiciales recientes, como el fallo que obligó a una empresa de cruceros a modificar su publicidad para adecuarse a la normativa vigente. Se espera que esta nueva regulación no solo refuerce la identidad nacional en la promoción turística de Malvinas, sino que también sirva como un modelo a nivel nacional para otras jurisdicciones que enfrenten situaciones similares.

El debate en torno a esta propuesta pone en evidencia la necesidad de garantizar el respeto por la soberanía de las Islas Malvinas y de fortalecer las políticas de malvinización en la provincia y el país. La implementación de sanciones busca evitar que intereses comerciales primen sobre la reivindicación histórica y el respeto a la normativa vigente.

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