Denuncias sacuden a la Seguridad Aeroportuaria en el sur del país
En los últimos días, han salido a la luz diversas irregularidades dentro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el sur del país. Oficiales han denunciado maltratos laborales, abuso de poder y un manejo irregular de beneficios destinados al personal. Entre las acusaciones más graves se encuentran la sobrecarga de trabajo, sanciones arbitrarias y favoritismo dentro de la institución.
Uno de los casos más llamativos tiene que ver con la Cooperativa de Viviendas Ushuaia Proyecta, creada por Fernando Carou, jefe responsable de preembarque y jefe de turno en la PSA. Según un informe publicado por la Agencia de Noticias Nova, la cooperativa surgió con el propósito de facilitar el acceso a la vivienda para empleados de la fuerza, con el respaldo del intendente de Ushuaia, Walter Vuoto. Sin embargo, los terrenos asignados terminaron beneficiando a familiares de Carou, quien delegó la distribución de varias parcelas a su mano derecha, Abel Melgarejo.
Melgarejo, siguiendo el mismo esquema, también habría favorecido a su círculo cercano en la entrega de terrenos. Un año después, las viviendas fueron inauguradas con el apoyo del municipio y gran cobertura mediática, a pesar de las denuncias de irregularidades en la asignación de las propiedades.
Paralelamente, oficiales de la PSA en Río Grande han expuesto situaciones de acoso y abuso de autoridad dentro de la institución. Varios testimonios apuntan al oficial jefe Pedro César Alfonso, quien lleva más de una década en Tierra del Fuego y ha sido acusado de acosar a mujeres de la fuerza. Según las denuncias, Alfonso habría utilizado su posición para presionar a subordinadas con fines personales y enviarles imágenes inapropiadas.
El historial de Alfonso no es menor: previamente, fue trasladado al sur tras estar involucrado en operativos represivos en Bariloche que derivaron en la muerte de integrantes de comunidades mapuches. A pesar de las múltiples denuncias por acoso, la falta de respuestas por parte de la justicia y las autoridades políticas ha impedido que las víctimas obtengan protección o justicia.
Mientras tanto, el descontento crece dentro de la PSA, donde los oficiales exigen transparencia, condiciones laborales dignas y el fin de los abusos de poder que han marcado el ambiente de trabajo en la fuerza.