Judiciales

Los demandantes del caso YPF pidieron revisar el fallo que favoreció a la Argentina en Estados Unidos

El fondo Burford presentó un recurso excepcional ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para que todos los jueces del tribunal vuelvan a analizar la sentencia que benefició al Estado argentino en el juicio por la expropiación de YPF.

Los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF solicitaron a la Justicia de Estados Unidos una revisión del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que había favorecido recientemente a la Argentina en la causa millonaria vinculada a la petrolera estatal.

La presentación fue realizada por el fondo Burford Capital, financista del litigio impulsado por las sociedades Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que reclaman una indemnización vinculada al proceso de expropiación de YPF realizado en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Según informó TN, los demandantes presentaron un recurso conocido como “en banc rehearing”, mediante el cual buscan que todos los magistrados de la Cámara de Apelaciones revisen nuevamente la decisión adoptada por una sala integrada por tres jueces.

El exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler explicó que este tipo de recursos son excepcionales dentro del sistema judicial estadounidense y sólo prosperan cuando se considera que el fallo contradice antecedentes relevantes o involucra cuestiones de “importancia excepcional”.

La disputa judicial tuvo un giro favorable para la Argentina semanas atrás, cuando la Cámara de Apelaciones dejó sin efecto la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska, que había condenado al país a pagar alrededor de 16.000 millones de dólares.

Tras esa decisión, el tribunal estadounidense suspendió además el tratamiento de otras apelaciones vinculadas al expediente hasta que quede firme la resolución principal.

En paralelo, los demandantes también buscan avanzar en un reclamo arbitral ante el tribunal del Banco Mundial, en una estrategia destinada a mantener abierta la disputa judicial contra el Estado argentino.

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