La Provincia judicializó la intervención del puerto de Ushuaia y aguarda dictamen fiscal tras el fin de la feria judicial

El Juzgado Federal dio curso a la presentación del Gobierno fueguino, giró las actuaciones al Ministerio Público Fiscal y solicitó precisiones formales. Desde el Ejecutivo sostienen que la medida nacional vulnera la autonomía provincial y piden el cese inmediato de la suspensión operativa.

El Gobierno de Tierra del Fuego avanzó en la vía judicial contra la intervención dispuesta por un organismo nacional sobre el puerto de Ushuaia, al presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Justicia Federal con el objetivo de revertir la suspensión de la habilitación y recuperar la administración plena de la terminal marítima.

Según confirmó el secretario Legal y Técnico de la Provincia, Emiliano Fossatto, el Juzgado Federal emitió un despacho en el que consideró “no oportuna” la habilitación de la feria judicial, aunque dispuso dar curso a la causa y remitir las actuaciones a la intervención del Ministerio Público Fiscal para que se expida sobre distintos aspectos formales y de competencia.

“El primer artículo del despacho nos tiene por presentados y luego formula observaciones que deberán ser analizadas por la fiscalía”, explicó el funcionario, quien precisó que el dictamen deberá pronunciarse, entre otros puntos, sobre la legitimación del gobernador para impulsar la demanda y el acompañamiento de la Fiscalía de Estado.

Planteo de inconstitucionalidad

Desde el Ejecutivo fueguino sostienen que la resolución nacional implica una “vulneración directa a la autonomía provincial” y al régimen federal, al disponer la suspensión de la habilitación del puerto y una intervención administrativa sobre la infraestructura y la seguridad operativa.

De acuerdo con el planteo judicial, la Provincia cuestiona además la proporcionalidad de la sanción y advierte que el acto fue dictado cuando aún se encontraba vigente el plazo para ejercer el derecho de defensa en sede administrativa.

“La Provincia entiende que existe una vulneración directa a la autonomía provincial”, afirmó Fossatto, al señalar que el dominio del muelle y la administración del puerto fueron transferidos oportunamente a la órbita local mediante convenios con la Nación.

En ese marco, también manifestaron preocupación por el manejo de los fondos generados por la actividad portuaria durante la intervención. “Hoy no tenemos conocimiento del destino de esos recursos, cuando por convenio deben reinvertirse en el propio puerto”, indicaron.

Impacto operativo y laboral

El funcionario detalló que, tras la intervención, se dispuso un listado acotado de trabajadores que continuarían afectados a la operatividad, mientras que otros agentes fueron licenciados, aunque permanecen bajo relación laboral con la Dirección Provincial de Puertos.

Según indicó, la Provincia garantiza la seguridad jurídica y salarial de ese personal, al tiempo que solicitó formalmente que se habilite el ingreso del resto de los empleados para retomar sus tareas habituales, sin obtener respuesta hasta el momento.

En paralelo, el Gobierno mantuvo reuniones con sindicatos, operadores y actores vinculados a la actividad marítima para informar sobre el estado de la causa y ratificar la intención de sostener la operatividad del muelle mientras se tramita la disputa judicial.

Próximos pasos

Con el levantamiento de la feria judicial previsto para el inicio de la semana, la fiscalía contará con un plazo de 48 horas para emitir su dictamen. A partir de esa instancia, la Provincia podrá realizar nuevas presentaciones y solicitar medidas urgentes para suspender los efectos de la intervención.

Desde el Ejecutivo señalaron que, además de la vía federal, se analizan otras estrategias jurídicas, sin descartar eventuales acciones en la esfera provincial.

“Todos los esfuerzos están orientados a que el puerto vuelva a la administración de la Dirección Provincial de Puertos en lo inmediato”, concluyó Fossatto.