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La Provincia destinará más de $687 millones al mantenimiento de equipos de hemodiálisis

El Gobierno de Tierra del Fuego aprobó la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento utilizado en los servicios de hemodiálisis de los hospitales públicos de la provincia, con una inversión que supera los $687 millones.

La medida contempla la asistencia técnica y el mantenimiento de máquinas de diálisis, lavadoras de filtros y tres plantas de tratamiento de agua de la marca Fresenius, equipos considerados esenciales para garantizar la continuidad de las prestaciones destinadas a pacientes que requieren tratamientos de hemodiálisis.

Según se desprende del decreto oficial, la contratación tendrá una vigencia de 24 meses y fue tramitada mediante la modalidad de Compra Directa N.º 12/26 – RAF 525, bajo la figura de contratación por exclusividad prevista en la Ley Provincial N.º 1015.

Durante el proceso administrativo se presentó una única oferta, correspondiente a la empresa MEDIFAR S.R.L., que finalmente resultó adjudicataria del servicio.

El contrato fue aprobado por un monto total de USD 496.440, cifra que al momento de la evaluación equivalía a $687.569.400, tomando como referencia la cotización vendedor del Banco de la Nación Argentina utilizada para la conversión presupuestaria.

La normativa establece que los pagos se realizarán en pesos y que el valor a abonar se calculará aplicando el tipo de cambio vendedor del Banco Nación vigente al cierre del día hábil anterior a cada desembolso.

Desde el Poder Ejecutivo señalaron que los fondos necesarios para afrontar esta contratación cuentan con respaldo presupuestario específico y serán financiados a través del Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales, creado por la Ley Provincial N.º 907.

La adjudicación fue avalada por las áreas técnicas, jurídicas y de auditoría correspondientes, que intervinieron durante el procedimiento administrativo.

El objetivo de la contratación es garantizar el correcto funcionamiento de equipamiento considerado crítico para la atención de pacientes renales en el sistema público de salud, evitando interrupciones en tratamientos que resultan indispensables para su calidad de vida.

La medida fue formalizada mediante un decreto firmado por la vicegobernadora Mónica Urquiza, en ejercicio del Poder Ejecutivo provincial.

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